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Nueve mujeres son juzgadas por encubrir los abusos a chicos hipoacúsicos

La audiencia preliminar del segundo juicio por el Caso Próvolo se realizó este martes en los tribunales mendocinos con la lectura de las acusaciones contra las nueve imputadas, entre ellas las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, además de las ex apoderada legal del Instituto, Graciela Pascual.

El fiscal Gustavo Stroppiana, quien llevó adelante la instrucción de la causa, sostuvo que las mujeres «sabían de los delitos que se cometieron y no los denunciaron, ni hicieron nada para evitarlos, por eso en distinta medida son responsables del delito de encubrimiento«.

En esta audiencia se leyó la parte formal de las acusaciones y se extrajeron los datos de las imputadas. Como la causa tiene muchas fojas de actuaciones, la lectura demandó varias horas por lo que se pasó a un cuarto intermedio para el miércoles 12 de febrero.

Además de Kumiko, Martínez y Pascual, las otras imputadas son las ex directoras de la entidad, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza, la cocinera Noemí Paz, y la psicóloga Cecilia Raffo.

Por este mismo caso, la justicia mendocina condenó el 25 de noviembre de 2019 a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años de cárcel acusados por abusos sexuales y corrupción de menores a niños con hipoacusia en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.

Para este segundo juicio oral se consiguieron unificar las diferentes causas. y la más comprometida es Kumiko, una religiosa de ascendencia japonesa que se encuentra con prisión domiciliaria, y está imputada como partícipe primaria de los abusos cometidos en el Próvolo, en siete hechos, en uno de los cuales está sindicada como autora penalmente responsable de un abuso simple.

Las otras ocho imputadas llegarán al debate en libertad, aunque Graciela Pascual ya estuvo detenida por un lapso mayor a dos años, desde el 24 de agosto de 2017, primero en el penal de Cacheuta, y luego le concedieron la prisión domiciliaria, pero en octubre de 2019 le fue otorgada la libertad por una argucia legal, ya que se retrasó el inicio del juicio oral, y sus defensores se la consiguieron mediante un habeas corpus.

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