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Debaten sobre las telecomunicaciones como un «derecho público esencial»

Representantes de medios comunitarios, cooperativas y Pymes del sector de las telecomunicaciones debatieron hoy sobre la conectividad como un «derecho público esencial».

El debate fue convocado por la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, que realizó una charla virtual sobre «La comunicación como derecho humano. El acceso a las TICs como derecho público esencial: hacia un plan nacional de inclusión digital«.

«Hoy sin conectividad es imposible educarse o realizarse«, dijo en el encuentro Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco).

Y luego se refirió al decreto presidencial que a fines de agosto declaró las telecomunicaciones como un servicio esencial, al asegurar que «tiene que funcionar como una plataforma base para que un Estado impulse la democratización y empodere cada vez a más actores e iniciativas«.

Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), por su parte, afirmó que «nunca más que ahora, con la pandemia, se demostró que la comunicación es un derecho esencial«.

Y, en referencia al DNU que congeló las tarifas hasta fin de año, afirmó que «debería reglamentarse teniendo en cuenta la asimetría permanente que existe entre las grandes empresas y las cooperativas y Pymes que llegan a los lugares donde no es rentable llegar, ya sea en el interior del país o en las periferias de las grandes ciudades».

Anabel Cisneros, Directora de ARSAT, comentó que uno de los ejes del Plan Conectar anunciado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández es «modernizar y ampliar la red», al tiempo que reconoció que hay «Pymes y cooperativas del interior que están esperando una respuesta en ese sentido».

Cisneros también dijo que unas de las funciones de Arsat es «ser proveedor mayorista y salvar las desigualdades, llegando donde las redes comerciales no llegan porque no es rentable«.

Por otro lado, Cisneros mencionó «otro eje del Plan Conectar, que es modernizar y poner en valor el sistema de televisión digital abierta, el cual cuenta hoy con 96 estaciones en todo el país pero que en los últimos años no tuvo un plan de actualización«.

Pablo Bressano, presidente de la Confederación General Económica (CGE), dijo a su turno: «Tenemos que ir por más conectividad y más calidad. Hablamos de un servicio lucrativo, que tiene que ser rentable pero también social«.

Y continuó: «Nos parece necesario equilibrar las desigualdades. A las Pymes y cooperativas, como contracara de los monopolios, nos interesa cubrir lo social, no tenemos clientes y empleados, tenemos usuarios, socios y compañeros de trabajo«.

Luego, afirmó que «las cooperativas y empresas pequeñas y medianas de capital nacional piden el acompañamiento del Estado para generar mejores redes y brindar a todos los argentinos un servicio que es esencial, ya que generando competencia se lograría precio justo».

Alberto Calvo, integrante de Colsecor, entidad que reúne a cooperativas proveedoras de servicios de telecomunicaciones de la provincia de Córdoba, también se refirió al decreto presidencial y sostuvo que «la regulación de las tarifas se inscribe en una situación de excepcionalidad debido a la pandemia y la crisis económica y social«.

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