Esto ocurre en la Ciudad de Buenos Aires bajo la administración de quien tiene pretensiones de ser Presidente de todos los Argentinos. Con un gran despliegue mediático todo el país se enteró que la Ciudad le quitará los subsidios a los niños que no cumplan con el 85 % de asistencia a clases.
De este anuncio, la pregunta inicial es: ¿Hay algún motivo valedero para quitar un subsidio a un niño? Y en un primer vistazo parece hasta razonable la idea porque es importante que concurran a clases. En un segundo vistazo, parece más razonable pensar cuáles son las prioridades que tiene un niño que recibe un subsidio; qué representa y para que se utiliza este aporte.
No hay mucho para decir antes de llegar a la conclusión de que no existe justificativo alguno para que el estado deje de cumplir con la obligación tutelar del bienestar de los menores, de los niños. Parece hasta redundante decir que se trata de una aberración sostener una iniciativa como la que se anunció en Ciudad de Buenos Aires. Con ella el estado, la Jurisdicción se reserva el derecho de NO asistir, asegurar, o garantizar el bienestar de los niños. Es decir deja de cumplir con una obligación que hasta el momento y en las peores circunstancias siempre fue respetaba
Decir que los niños no tienen ninguna responsabilidad, de lo que los adultos hacemos, parece una expresión naif en medio de las circunstancias que vive Argentina. Mucho menos cuando se trata de “aleccionar” a aquellos que por cualquier motivo no alcancen ese porcentaje de asistencia. Un castigo cruel que afecta la calidad de vida de quienes determinarán el futuro de nuestro país.
Y esto tiene un agravante más escandaloso; se hace por razones políticas, populistas, porque (supuestamente) es lo que ‘mucha gente’ quiere oir. Quienes piensan de esa manera, al parecer, a algunos tantos que hay, es necesario explicarles que no se trata de nada ejemplar.
Mejor dicho, lo que esos tantos llaman “ejemplar” es realmente denigrante. Mucho más porque esto se aplica en el ámbito educativo. Un espacio, un contexto donde estas prácticas de premios y castigos son realmente arcaicas.
Es hasta ofensivo ver que se pueden tomar estas decisiones políticas y muy triste, saber (o estar convencido) de que habrá mucha gente celebrando que el dinero de los impuestos que pagan no se derroche en el bienestar de un niño.
Paradójicamente, en este caso, cuando el Estado trata de que los niños no estén en falta con sus obligaciones, lo hace incumpliendo con las suyas. Una medida que golpea sobre los que menos posibilidades tienen de resistir, sobre los más vulnerables, sobre aquellos en los que el poder suele tener como rehenes de las conveniencias político partidarias de turno.
Amerita hacer una reflexión sobre esto porque la cantidad de alumnos se acerca a los doce millones de alumnos desde los niños hasta los jóvenes y adultos. Más de cien mil reciben educación especial y más de la mitad de ellos tiene serios problemas de subsistencia, viven en situación de pobreza o indigencia.
Sobre el total, aproximadamente, un tercio, no llega con una correcta alimentación o necesita de la asistencia permanente del Estado para subsistir y el porcentual que completa la mitad de la población que asiste a un establecimiento educativo se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Aún así si solo fuera al programa que menciona el Jefe de Gobierno porteño, la asistencia sobre la que impacta esta medida impacta sobre 40 mil familias y según él mismo lo manifiesta, este aporte es para la compra de alimentos y otras necesidades básicas. De esas familias y según los datos que brindó serían unos 23 mil niños los afectados.
Las imprecisiones o la discusión sobre la falta de detalles se transforma en un tema menor. Lo que se hace preocupante es la falta de sensatez y lo peligrosos que pueden ser ciertos personajes como actores centrales de las políticas de ajuste que están prosperando en el país.
Se podría ampliar más sobre este tipo de medidas. Nadie puede dudar que se trata (al menos) de una medida que estigmatiza a los niños o familias carenciadas. Que no se aplica a otros sectores sociales que son tanto o más beneficiados con subsidios estatales que quienes necesitan estas ayudas para alimentos.
No obstante, responder a esta pregunta, será tema para una reflexión mucho más amplia sobre la pertenencia a una clase social, el odio y la discriminación de la que ciertamente gran parte de la sociedad comparte o hace silencio.
José Martínez Ruiz
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