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FANATISMO Y LOCURA EN TUCUMÁN: finalmente hicieron cesárea a niña de 11 años violada

Relato de la Médica que asistió para salvar la vida de la niña.

Después de demorar el aborto y de inyectarle corticoides para que madurara el feto, le practicaron una cesárea a la nena de 11 años violada por la pareja de su abuela. El arzobispo de Tucumán (foto) reveló la identidad de la niña y la médica que hizo la intervención contó que “la nena jugaba con muñequitas”.

Lucía “está bien, está tranquila, se está recuperando“, contó anoche la mamá de la niña de 11 años, a una allegada, desde el Hospital del Este “Eva Perón”, de Tucumán, donde en la medianoche del martes fue sometida a una cesárea. El Sistema de Salud Provincial (Siprosa) demoró alrededor de un mes la decisión de sacarle lo que el viejo le había puesto adentro.

El gobierno tucumano no cumplió con el protocolo para casos de violación. La interrupción del embarazo se dilató al punto de llegar casi a las 24 semanas, a pesar de que hacía un mes que la niña había expresado su voluntad de abortar.

En el hospital -informa el diario Página/12- “a la madre le dijeron que si le hacían la ILE la iban a vaciar, le iban a quitar todo el útero y no iba a poder tener más hijos“, reveló la abogada de la organización de derechos humanos Andhes, Florencia Vallino, el amedrentamiento que recibió la mamá.

Incluso, contó que la mujer tenía firmado el consentimiento informado de la práctica hacía días pero nadie le explicó dónde tenía que entregarlo. Una perversa y cruel trama institucional antiderechos sometió a la niña a tratos crueles y convirtió su cuerpo infantil –que no llegaba a 50 kilos– en envase, incubadora, para forzarla a parir una criatura de alrededor de 600 gramos, con pocas probabilidades de sobrevida, que quedó internada en el servicio de Neonatología. Al cierre de esta edición no se contaba con un parte oficial sobre su estado de salud.

El artículo del diario P12 indica que Siprosa fue postergando la decisión de la interrupción del embarazo hasta que fue intimado el lunes por la jueza de Familia, Valeria Brand, a proteger los derechos de Lucía, que estaban siendo vulnerados.

La provincia tuvo que convocar a última hora del martes a dos tocoginecólogos del sector privado para poder garantizar la práctica porque todos los profesionales de la salud del Hospital “Eva Perón”, ubicado en las afueras de San Miguel de Tucumán, se declararon objetores de conciencia, tal como reconoció su directora, Elizabeth Ávila, en una conferencia de prensa que brindaron ayer por la tarde la plana mayor de Salud de la provincia, con la ministra Rossana Chahla y el secretario Gustavo Vigliocco, a la cabeza. Los tres funcionarios forman parte del armado antiderechos que prolongó la tortura sobre el cuerpo de Lucía.

El hospital tiene médicos ginecólogos y obstetras objetores de conciencia. Los que no son objetores dijeron nosotros no podemos llevar a cabo (la intervención). Como en tantas cosas, tercerizamos, como en estudios complementarios“, dijo Ávila.

Lo que hicieron con Lucía equivale a tortura, además de otras violaciones a sus derechos como paciente y como niña. No solo no fue escuchada, sino que recibió tratamientos contra su voluntad como inyectables con corticoides para madurar el feto que ella quería expulsar”, denunció en diálogo con Página/12 la abogada Susana Chiarotti, integrante de Cladem y autora del informe sobre maternidad infantil forzada “Jugar o parir”. Chiarotti es representante de Argentina ante el Comité de Expertas de la OEA que monitorean el cumplimiento por parte de los Estados de la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres“, conocida como Belém do Pará.

Desde Andhes junto a Cladem, dos organizaciones que se presentaron en la Justicia para exigir que se respeten los derechos de Lucía, denunciaron la sucesión de violaciones de derechos a los que fue sometida la niña, cuyo embarazó fue detectado por el mismo sistema de salud provincial alrededor de un mes atrás. “En Tucumán no se cumple el protocolo de ILE“, señaló la abogada Vallino.

Ayer, en conferencia de prensa, las autoridades sanitarias de la provincia alegaron que la madre recién había firmado el lunes el consentimiento informado para la ILE, lo que contradice lo dicho por la madre. Vallino también desmintió que el servicio de Salud Mental haya acompañado a la niña durante toda su internación, como afirmaron en la conferencia los funcionarios provinciales (ver aparte). Tal como reveló Página/12, Lucía fue internada luego de sufrir “autolesiones“: tuvo dos intentos de suicidio y durante la internación manifestó ataques de angustia y llanto, sin poder separarse de su mamá. Se ponía en posición fetal y le pedía que la abrazara y le acariciara la cabeza para poder dormirse.

El martes, a última hora el Ministerio de Salud de Tucumán difundió un comunicado de prensa que dejó en evidencia que estaba haciendo todo lo posible para someter a Lucía a una maternidad forzada. En el texto, el gobierno que encabeza el peronista y ex ministro de Salud durante el gobierno de CFK, Juan Manzur, informó que el Siprosa había notificado a la directora del Hospital “Eva Perón” que “en función de lo peticionado por la niña y la progenitora” y de acuerdo a un oficio de la jueza civil de Familia de la 5ª Nominación y conforme con lo dispuesto por el fallo FAL de la Corte Suprema “se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”. Es decir, se buscó que Lucía fuera madre. No se respetó su derecho a un aborto ni su voluntad expresada con la frase, revelada por este diario: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”.

Ayer, la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Tucumán salió a aclarar que en ningún momento la jueza Brand ordenó procurar “salvar las dos vidas” porque la aplicación del fallo FAL de la Corte Suprema “no tiene esa finalidad”.

Para “sacarle” lo que el viejo le puso adentro, el gobierno de Tucumán convocó el mismo martes a la médica Cecilia Ousset, según ella contó ayer a Página/12. Ousset es católica practicante y está a favor de la despenalización del aborto, pero también, aclaró, es objetora de conciencia y entonces sugirió que su esposo, tocoginecólogo como ella, José Gijena, podía encargarse de la intervención. Ambos ejercen en el sector privado. En un crudo relato de los sucesos (ver aparte), destacó que se eligió la cesárea “no porque se quisieran vulnerar sus derechos” sino “porque no fue posible la vía vaginal porque no se le podía ni sacar la bombacha por los abusos que había sufrido” y “tuvimos que dormirla”. Osset actuó como instrumentadora quirúrgica, luego de la declaración de la objeción de conciencia de todo el personal. “Fue abusada por la pareja de su abuela, y doblemente abusada por el sistema de salud”, denunció. También destacó que Lucía “no tenía ni cuerpo desarrollado para gestar”, que tenía 17/12 de presión cuando la atendieron y que si no la operaban anoche “esta nena se moría”. Al salir del Hospital, Gijena y Ousset fueron interceptados por un funcionario judicial que le tomó los datos y posiblemente enfrenten un intento de los sectores judiciales antiderechos para criminalizarlos como sucedió el año pasado con otra médica que cumplió con un aborto legal también en Tucumán.

El caso es bisagra porque evidencia el accionar articulado desde lo institucional para obstruir el acceso a la salud de la niña”, denunció en diálogo con Página/12, la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, Soledad Deza. “No estamos frente a una objeción de conciencia común, lamentablemente acá hubo un accionar político conservador iniciado desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público, dirigido meticulosamente a intentar que Tucumán vuelva atrás en derechos. Abortar en caso de abuso o riesgo para la salud es una opción legal. El Estado tiene que asegurar la práctica“, señaló Deza. “Acá hubo encarnizamiento y del peor con esa niña”, agregó.

La gestación fue detectada hace más de un mes en un centro de salud, cuando cursaba menos de 20 semanas.

El juzgado de Familia de la 5ª Nominación intervino para garantizar la protección de los derechos de Lucía. Brand dispuso el lunes que el reclamo del aborto no debía judicializarse porque es “resorte, competencia y decisión del sector salud”. El Siprosa pretendió que la justicia diera una autorización para así retroceder antes del fallo FAL, de la Corte Suprema, cuando aunque no era necesario se judicializaba cada pedido de aborto no punible en el país.

Como ocurrió hace pocas semanas en Jujuy, con otra niña violada, los cuerpos infantiles son tomados como territorio de la cruzada antiderechos. Si Página/12 no revelaba el dramático cuadro psíquico de la niña, no hubiera quedado expuesta la estrategia del Siprosa, verbalizada en su titular, Vigliocca, de dilatar decisiones para consolidar la vulneración de los derechos de la niña.

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