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Espionaje Ilegal: Lorenzetti está entre los 22 jueces espiados, Gobernadores, Legisladores y opositores al Macrismo

Lorenzetti está entre los 22 jueces espiados ilegalmente, se podría sumar Ministros, Diputados, Senadores, Gobernadores y personalidades de la oposición al Gobierno de Macri. Al parecer, era un “secreto a voces” que el Gobierno de Mauricio Macri estaba espiando ilegalmente a los Jueces de Comodoro PI. Ante el cambio de coyuntura política, la justicia decidió dar curso a una causa que estaba paralizada desde 2017.


Lo que se dio a conocer al respecto es, por ahora, un requerimiento fiscal, en la que se investiga el espionaje ilegal de 22 Jueces de la Nación. Ahora ampliada a Gobernadores, Legisladores y opositores del Gobierno de Macri. La causa se encuentra bajo instrucción del Juez Canicoba Corral y el fiscal que hace el requerimientos se llama Ramiro González. Vale decir que reapertura de la causa se hizo el pasado 27 de septiembre.

La causa comienza el 2 de abril de 2017 cuando todavía no habían transcurrido las elecciones de medio término. En esos momentos, desde algún sector interno de la Agencia Federal de Inteligencia se filtra información muy sensible… que no pasó desapercibida. Fue así que el periodista Carlos Pagni de Diario La Nación publica una nota llamada “El Pestilente círculo Negro del Espionaje“. A partir de ese momento, cada uno de los mencionados como damnificados o víctimas por parte del Gobierno Nacional de estar siendo “espiados”, se presentan a la Justicia.

La causa cae en el Juez Canicoba Corral. Puntualmente se conoce que los “espiados” eran una persona identificada como Messi, La Iglesia Universal del Reino de Dios, la peluquería canina “Coquetitos”, a un constructor de Puerto Madero llamado Ginebra, una Financiera llamada Bricks, al Juez Eduardo Freiler, al empresario periodístico Matías Garfunkel, Gustavo Vera de La Alameda, Carlos Ahumada Kurtz (Empresario Mexicano).

Con todos estos datos, la causa “duerme”, como mencionamos anteriormente, hasta el 27 de septiembre de 2019.

Cuando se reabre la investigación comienzan a surgir los informes que permitieron avanzar. 

Uno de los informes iniciales fue el de Migraciones. Se le requiere al organismo que responda si estaban investigando las entradas y salidas del país de los Jueces Federales

Migraciones responde que efectivamente existían numerosos pedidos al respecto. 

Vale aclarar que se presupone que los viajes de los jueces podrían ser utilizados por quienes los espiaban para contar con algún elemento o irregularidad en alguno de ellos. Ésto en un marco de ilegalidad jurídica. Es decir ninguno de los Jueces tenía algún pedido para ser investigado. Con esto se presupone también que quien hacía estos pedidos solamente podía buscar alguna posible irregularidad para tener injerencia sobre los fallos judiciales.

Con esto, se descubre que el propio Juez que instruye la causa, Canicoba Corral, era investigado al respecto. Además, esta información aparecía posteriormente publicadas en la prensa.

Esta insólita situación hace que Corral abra una nueva causa, respecto a su situación personal en el Juzgado a cargo de Servini de Cubría. Obviamente el Juez no podía hacer una investigación donde la víctima es él mismo.

En otras palabras ahora son dos las causas y de una gravedad inusitada.

A esto hay que agregar que aparecen informes en los que AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Procuración General y el propio Poder Judicial les estaba haciendo un “seguimiento”. Concretamente sobre sus bienes patrimoniales, cuentas bancarias, gastos de tarjeta… además de los lugares que frecuenta. Esto último con la información de Migraciones.

La situación se complica aún más. Según deducen de la investigación, ciertos Jueces (cuyos nombres no trascendieron) recibieron mensajes de texto con amenazas extorsivas.

Los mensajes venían de otros países como Ucrania o la India. En estos mensajes se condiciona a los jueces que tuvieran “cuidado” con lo que iban a votar. Hacían esto amenazandolos con dar a conocer alguna propiedad “no declarada” o cualquier otra posible irregularidad que podían detectar. Incluso sobre situaciones familiares, particulares o de la vida privada, pesaba esta extorsión. 

Es oportuno reiterar que esto ocurría con miembros de la Corte Suprema o con otros Jueces para luego ampliarse hacia otros funcionarios y en particular a personalidades opositoras al Gobierno de Mauricio Macri.

Este escándalo sin precedentes tiene como protagonistas a un usuaria del Sistema de Migraciones que se menciona como “Carolina Lopelatto”. Posteriormente se conocería que habría otros usuarios en el organismo que recopilaban información. Uno de ellos en Misiones que llega a determinar que uno de los espiados es Ricardo Lorenzetti.

Al parecer, al menos en Migraciones, usaban esta usuaria para hacer las averiguaciones ilegales. En función de esto se hicieron todos los requerimientos sobre la identidad de esta persona o de este usuario. Hasta el momento no tuvieron respuesta. Tampoco respondió la AFIP y solamente envió un escrito la UIF “Unidad de Investigaciones Financieras”.

El titular de la Entidad, que dicho sea de paso, nunca hizo una investigación sobre el Gobierno actual, respondió que NO iban a responder el requerimiento porque la información “era secreta”. Respuesta que no tiene ningún sustento legal. 

Es propicio decir que ningún organismo puede investigar a un Juez, sin la orden de otro Juez o causa Judicial que lo amerite.

Para decirlo claramente, no hay orden de ningún juez hasta el momento que se haya emitido para tal trama de espionaje. Se trata, como lo mencionamos, de 22 Jueces los que son espiados.

Hasta el momento los Jueces son: Juan Carlos Maqueda, Ana María Figueroa, Martín Irurzun, Mariano Llorens, Rodolfo Canicoba Corral, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Osvaldo Rodríguez, María Servini de Cubría, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio de la Cárcova, María López Iñiguez, Sabrina Namer, Ángel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino, Nicolás Toselli y el último que apareció en la lista es Ricardo Lorenzetti.

Con todo esto, al parecer, se trata solamente de “la punta del iceberg“. Al parecer aparecieron nuevos indicios que podrían indicar que este tipo de Inteligencia Ilegal se podría extender a Ministros, Gobernadores y figuras de la oposición al Gobierno de Macri.

Mientras se esperan las respuestas por parte de los organismos, Canicoba Corral extendió oficios para establecer los alcances “ampliados” del espionaje ilegal.

Lo que se sabe hasta ahora es lo que contamos y las diligencias del Ministro de Justicia Germán Garavano que llamó a cada uno de los jueces asegurando que el Gobierno de Macri no tiene nada que ver con estas maniobras ilegales.

Por otra parte, hubo un comunicado de la Asociación de Magistrados en la que expresan “su profunda preocupación respecto de operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas distintos jueces, y que se encuentra en plena etapa de investigación en el fuero federal. En caso de verificarse esas maniobras ilícitas, de marcada gravedad institucional, se impone determinar quién y por qué las motorizaron tanto como si han sido diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o, lo que sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita incluso con algún grado de sistematicidad”.

Sin duda, una situación tan insólita como escandalosa que avanza rápidamente justamente porque las víctimas centrales son los propios Jueces. El final, nadie lo puede predecir.

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