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Un año atrás la Corte Suprema de Justicia negó el beneficio del 2×1 para Delitos de Lesa Humanidad.

En aquel momento, cuando se cometieron los delitos, se encontraba vigente la denominada Ley del 2×1. Un beneficio que hace un cómputo doble por cada año de prisión preventiva. Esta ley posteriormente se derogó pero como estaba vigente en el momento de cometer el delito, se le dio este beneficio al al represor Rufino Batalla. Éste había sido condenado a 13 años de prisión, sentando un precedente conocido como “Muiña” que habilitaba a que todos los que habían cometido delitos de “Lesa Humanidad” tuvieran el mismo beneficio. Es así que se registra como un día histórico la resolución de la Corte Suprema que lo rechazó de plano. 

Estableció que dicho cómputo no sería aplicable para los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra y sobre el que sustentaron su cambio de postura el juez Horacio Rosatti y la jueza Elena Highton de Nolasco.

En sus fundamentos, estos jueces determinaron que la nueva ley “interpretativa” superaban los test de consistencia y razonabilidad que requieren este tipo de leyes –según la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y con cita al constitucionalista Bidart Campos- por lo que entendieron que la nueva norma era aplicable sin que se violente el principio que prohíbe la aplicación retroactiva de una ley penal más “gravosa”.

En ese sentido, concluyeron que la ley interpretativa y la ley interpretada se aplican de manera conjunta como si la norma interpretada hubiera regido siempre, por lo que el 2×1 no sería ahora aplicable a delitos de lesa humanidad.

Por su parte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda mantuvieron la misma postura sin entrar a analizar si la ley interpretativa podía o no implicar una afrenta al principio de irretroactividad de la ley penal, sino que refirieron que el cómputo del 2×1 no era aplicable a delitos de lesa humanidad por su carácter de imprescriptibles, su imposibilidad de amnistía o indulto y, además, que su persecución es un mandato de la legislación internacional.

Vale aclarar que durante la vigencia de dicha ley (año 1994 a 2001), se encontraban vigentes en la República Argentina las leyes de punto final y obediencia debida, por lo cual dichos delitos quedaban excluidos de investigaciones penales y no habían sido mencionados explícitamente en la ley 24.390.

Quien también continuó con su postura es el Presidente de la Corte, Carlos Fernando Rosenkrantz, quien manifestó que la ley interpretativa era inconstitucional, ya que incurría en una interpretación de una ley penal de modo retroactivo en perjuicio para el condenado, por lo que iba en contradicción con el artículo 18 de la Constitución Nacional.

A partir de este fallo, distintos condenados por delitos de lesa humanidad que habían requerido se aplique el 2×1 en sus casos también recibieron idénticos rechazos, destacando entre ellos la reciente negativa al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.

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