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La Justicia Laboral da plazo al Gobierno para informar sobre reforma laboral en 72 horas
NACIONALES

La Justicia Laboral da plazo al Gobierno para informar sobre reforma laboral en 72 horas

La jueza nacional del Trabajo, Silvia Garzini, ha concedido un plazo de 72 horas al Poder Ejecutivo Nacional para presentar un informe en respuesta al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La solicitud de la CGT busca la invalidez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica emitido por el presidente Javier Milei.


La jueza Garzini ha decidido habilitar la feria judicial y requerir al Gobierno que, en el plazo mencionado, emita un informe circunstanciado de acuerdo con el artículo 8 de la ley 16.986

La CGT fundamenta su solicitud en la presunta violación del principio de división de poderes por parte del DNU 70/2023, argumentando que establece modificaciones «peyorativas y permanentes» en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. La confederación sostiene que dichas modificaciones vulneran normas legales, tratados internacionales y la Constitución Nacional.

Tras el vencimiento del plazo estipulado por la jueza, esta procederá a analizar la admisibilidad del planteo presentado por la CGT. En función de este análisis, la magistrada estará en condiciones de emitir un fallo relacionado con el reclamo sindical. Cabe destacar que la CGT ya obtuvo una medida cautelar que suspendió provisionalmente los efectos del capítulo laboral del DNU.

La presentación ante la jueza fue realizada por Héctor Daer, en su calidad de secretario general de la CGT, con la representación legal del abogado Pablo Topet. En el escrito presentado, se destaca la importancia institucional de la causa, argumentando que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras del país, representados por la CGT según la Personería Gremial Nº 48 del 17/7/1948.

El capítulo en cuestión, impugnado por la principal representación sindical de los asalariados en Argentina, incluye disposiciones como la ampliación del período de prueba a ocho meses, la consideración de bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido, y cambios en el sistema de indemnizaciones. La decisión de la jueza Garzini será crucial para determinar el curso de esta controversia en el ámbito laboral.


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