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Denuncias cruzadas por Comedores: Lucrar con la pobreza y abandono de personas
ECONOMÍA

Denuncias cruzadas por Comedores: Lucrar con la pobreza y abandono de personas


En una espiral de acusaciones cruzadas, el Gobierno Nacional ha desatado una gran polémica en torno al funcionamiento de los comedores populares y las organizaciones sociales que los gestionan.


Por un lado, el Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, ha impulsado una causa judicial contra 22 referentes de organizaciones sociales como el Partido Obrero y Barrios de Pie. Las imputaciones abarcan presuntos delitos de coacción y desvío de fondos públicos.

Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía se basan fundamentalmente en más de 600 llamados anónimos realizados a la línea 134, habilitada por el Gobierno para denunciar irregularidades. Solo alrededor de 7 casos cuentan con testimonios de denunciantes identificados.

Pese a ello, la justicia federal ordenó una serie de 27 allanamientos en comedores, sedes y viviendas particulares, algunos de ellos con un despliegue llamativamente violento según denunciaron las organizaciones sociales.

Estos procedimientos buscan reunir pruebas sobre presuntas prácticas delictivas como la extorsión a beneficiarios para obligarlos a asistir a marchas, el cobro de sumas de dinero o la amenaza de quitarles la asistencia alimentaria.

No obstante, esto ocurre un día después de que las organizaciones sociales tuvieran resultados de las denuncias propias contra el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Sandra Pettovello. Acusan a la cartera de haber dejado sin entregas de alimentos a los comedores populares durante más de cinco meses, situación que motivó un fallo judicial que obliga al Gobierno a garantizar las prestaciones.

En paralelo a los allanamientos, una causa penal investiga a la propia ministra Petovelo por incumplir con la entrega de alimentos, poniendo en riesgo a miles de personas en situación de vulnerabilidad que dependen de estos comedores.

Las acusaciones cruzadas han tensado la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, dejando entrever una puja de poder en torno a un tema tan sensible como el acceso a la alimentación de los sectores más postergados de la sociedad.

Mientras la justicia avanza en las investigaciones, la situación ha derivado en un cruce de denuncias que amenazan con profundizar la crisis en torno a los comedores populares y sus necesarios aportes para paliar el hambre y la desnutrición.

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