El proyecto endurece penas por explotación no autorizada de recursos en Malvinas y crea un sistema de seguridad
La Cámara de Diputados inicia el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno el 17 de septiembre, con sanciones para empresas y personas que exploten recursos sin autorización argentina en Malvinas y su plataforma continental. El oficialismo busca dictaminar el 6 de octubre y debatirlo en el recinto al día siguiente.
Infórmate en DiarioPampero.com – La iniciativa reemplaza la Ley 26.659, incorpora nuevos delitos, eleva penas y propone un Sistema de Seguridad Nacional para coordinar políticas de defensa, diplomacia, economía e inteligencia.
La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 para una primera jornada informativa.
La iniciativa fue enviada por el Gobierno al Congreso el 17 de septiembre y había sido anunciada por Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre, dedicada a la cuestión Malvinas. El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar el régimen vigente.
El proyecto alcanza las actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables en las islas, sus espacios marítimos e insulares y la plataforma continental argentina, siempre que se realicen sin autorización de las autoridades nacionales.
Un régimen de sanciones más amplio
La legislación vigente estaba concentrada principalmente en las actividades hidrocarburíferas. La nueva propuesta incorpora un alcance mayor y contempla sanciones administrativas para personas y empresas involucradas en la explotación no habilitada de recursos naturales.
Entre las multas previstas figuran montos equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo. El régimen también contempla la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar durante períodos de entre cinco y veinte años.
Las consecuencias para quienes resulten sancionados incluirían la imposibilidad de desarrollar determinadas actividades económicas en el país, la pérdida de beneficios impositivos o previsionales, la revocación de habilitaciones y la prohibición de contratar con organismos estatales.
El proyecto incorpora además nuevos delitos y eleva las penas para distintas conductas relacionadas con la exploración y explotación no autorizada. Para algunas de las figuras previstas, las escalas penales alcanzarían hasta 20 años de prisión.
La iniciativa también establece multas calculadas en barriles de petróleo y prevé sanciones para quienes suministren bienes o servicios considerados esenciales para el desarrollo de esas actividades.
Entre las herramientas incorporadas aparece la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos incluidos en el régimen. A la vez, el texto crea un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades alcanzadas por las prohibiciones.
El proyecto propone, además, crear un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.
Según el texto enviado al Congreso, el organismo tendría entre sus funciones la coordinación de políticas vinculadas con la defensa, la diplomacia, la economía, la inteligencia y la protección de infraestructuras consideradas críticas.
La iniciativa también plantea modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y establece disposiciones para los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre.
Asimismo, incorpora nuevos delitos relacionados con amenazas a la seguridad nacional. Entre ellos figuran conductas vinculadas con la influencia extranjera, el espionaje, la interferencia electoral y determinadas campañas coordinadas de desinformación.
El cronograma que maneja el oficialismo prevé que las comisiones avancen con el dictamen el martes 6 de octubre. La intención es que el proyecto llegue al recinto el miércoles 7, en una sesión que también incluiría iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento.
El tratamiento parlamentario comenzará con una jornada informativa y continuará con el análisis del alcance de las sanciones, las modificaciones penales y las nuevas atribuciones previstas en materia de seguridad nacional.
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