El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la ley y cuestionó un decreto de Milei


El Gobierno nacional apelará el fallo del juez Martín Cormick que declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó aplicar sus disposiciones sobre salarios, becas, investigación y partidas institucionales.
Infórmate en DiarioPampero.com – La resolución respondió a amparos del CIN y la UBA y reabrió la disputa entre el Poder Ejecutivo, las universidades y los gremios por los recursos previstos en la norma.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de primera instancia sobre el financiamiento universitario, luego de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto que había condicionado la aplicación de la ley sancionada en 2025.
La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, tras hacer lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La resolución ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar la ley y dictar las normas reglamentarias necesarias para garantizar su cumplimiento inmediato. La norma alcanza los salarios docentes y no docentes, las becas, la investigación y las partidas destinadas a las universidades.

El alcance de la resolución
En su fallo, Cormick invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. Según el magistrado, ese mecanismo impedía aplicar una norma que había sido ratificada por ambas cámaras del Congreso.
El juez calificó el procedimiento utilizado por el Gobierno como “extraconstitucional”. En los fundamentos, sostuvo que el artículo 9 de la ley ya contempla herramientas para financiar las medidas, entre ellas la adecuación de partidas y el uso de ingresos corrientes que superen lo presupuestado.
De acuerdo con la resolución, esas alternativas no afectarían la coparticipación de las provincias. Por ese motivo, el fallo consideró que el Poder Ejecutivo no podía supeditar la aplicación de la ley a una decisión posterior del Congreso sobre las fuentes de financiamiento.
La ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en agosto de 2025 con respaldo de sectores de la oposición. Después del veto presidencial, Diputados y el Senado reunieron los votos necesarios para insistir con la norma.
En octubre de ese año, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el decreto 759/2025, aunque condicionó su ejecución a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento y sumara las partidas correspondientes al presupuesto.
Antes de la decisión conocida este martes, el expediente ya contaba con una medida cautelar dictada por el mismo juez. En diciembre de 2025, Cormick había ordenado aplicar de inmediato los artículos 5 y 6, vinculados con la recomposición de salarios y la actualización de las becas estudiantiles.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida y, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado. De esa manera, la cautelar quedó firme mientras se resolvía la cuestión de fondo.
En paralelo, el Gobierno sostiene que se encuentra cumpliendo con las obligaciones previstas. El 10 de junio firmó con el CIN y los gremios universitarios un acta que contemplaba una recomposición del 24,33% de la masa salarial y una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento.
Sin embargo, la negociación volvió a fracasar el 17 de septiembre. En esa oportunidad, el Ejecutivo mantuvo una oferta adicional del 3% y comunicó que la aplicaría incluso sin acuerdo, propuesta que fue rechazada por los gremios universitarios.
Los sindicatos todavía reclaman un diferencial mayor, mientras el Gobierno prepara la apelación contra el fallo que ordenó la aplicación inmediata de la ley. La disputa continuará ahora en la instancia judicial correspondiente.
