Los reclamos habitacionales contra Pilay exponen su trama empresarial en Santa Fe
Los reclamos de ahorristas de Pilay, que pagaron durante años por planes de vivienda sin recibir los departamentos previstos, derivaron en denuncias sobre los vínculos empresariales, políticos y judiciales de la firma en Santa Fe. La empresa atribuye las dificultades a cambios de zonificación y al aumento de los costos de construcción.
Infórmate en DiarioPampero.com – Los damnificados estiman que podrían superar los 13 mil y cuestionan el avance de las demandas colectivas, mientras la compañía sostiene que existen terrenos y propone respuestas individuales.
Los ahorristas de Pilay reclaman por el incumplimiento de planes de vivienda abonados durante aproximadamente 20 años. Según un cálculo preliminar citado en la información publicada, los afectados podrían superar las 13 mil personas, aunque la cifra no fue presentada como definitiva.
El conflicto puso bajo la lupa a empresarios vinculados con la firma y sus relaciones políticas y judiciales en Santa Fe. Entre los señalados aparecen Javier Vigo Leguizamón, uno de los dueños de Pilay, y Marcelo Vorobiof, exdirector de la compañía y exfuncionario del Puerto de Santa Fe.
Desde Pilay sostienen que los terrenos están disponibles y atribuyen parte de las dificultades a modificaciones en la zonificación y al desfasaje entre las cuotas abonadas y los costos de construcción. La empresa también plantea soluciones individuales para los ahorristas.
Los nombres bajo la lupa
Los damnificados apuntan a la familia Vorobiof. Marcelo Vorobiof fue director de Pilay y, en 2010, Hermes Binner lo designó al frente de la administración del Puerto de Santa Fe. Luego, Antonio Bonfatti lo ratificó en el cargo. Durante esa etapa administró terrenos y participó en la adjudicación de obras del organismo público.
El 2 de junio de 2022, Vorobiof fue condenado a tres años de prisión condicional por negociaciones incompatibles con la función pública y estafas por administración fraudulenta. El proceso terminó mediante un juicio abreviado, en el que admitió su responsabilidad y debió pagar una multa de cinco millones de pesos.
De acuerdo con la información publicada, empresas vinculadas con Vorobiof y registradas a nombre de familiares recibieron contratos y pagos por obras que no se habían ejecutado o que presentaban avances parciales. En octubre de 2026, Fernando Vorobiof, hijo de Marcelo, renunció al directorio de Pilay en medio de los reclamos.
Otro de los nombres mencionados es Javier Vigo Leguizamón, abogado y militante del espacio político de Victoria Villarruel. También patrocina a la familia del coronel Argentino del Valle Larrabure en el pedido para que su secuestro y muerte, atribuidos al ERP, sean considerados un crimen de lesa humanidad.
Familiares de desaparecidos lo señalaron además como organizador de visitas a represores detenidos, entre ellas las realizadas por diputados que fueron informadas por el medio de origen. Los ahorristas, por su parte, atribuyen a Vigo influencia en la Justicia santafesina y sostienen que esa situación habría dificultado el avance de demandas colectivas. Se trata de señalamientos formulados por los damnificados.
La historia empresarial de Bauen-Pilay se remonta a la década de 1970, cuando funcionaba como un sistema de ahorro hipotecario. Según el relato de Alicia Bernal, ahorrista afectada e hija de Tito Messiez, la firma mantuvo vínculos comerciales con arquitectos relacionados con el Partido Comunista.
Messiez fue secuestrado en septiembre de 1977 en el centro de Rosario y permanece desaparecido. Bernal explicó que tenía 19 años cuando debió involucrarse en la búsqueda de su padre, uno de los desaparecidos vinculados con el Partido Comunista.
La información también menciona a Gonzalo Crespi, gerente general y director de Pilay, quien estuvo a cargo de cuestiones operativas y atendió los primeros reclamos de los ahorristas antes de la intervención del estudio jurídico Casanovas Salvatierra.
Crespi es hijo del coronel Jorge Raúl Crespi, acusado en causas por delitos de lesa humanidad vinculadas con secuestros y torturas en el centro clandestino El Vesubio. Según la información publicada, el militar estuvo a cargo de la Central de Reunión de Información de La Tablada.
También fue mencionado Manuel Cunha Ferré, acusado por crímenes de lesa humanidad y señalado como jefe del grupo que secuestró y desapareció, entre otras personas, al escritor Héctor Oesterheld. Cunha Ferré administraba edificios de Bauen-Pilay cuando fue detenido, y su hijo Luciano habría continuado esa actividad junto con otros familiares, de acuerdo con la investigación citada.
El conflicto combina los reclamos contractuales de los ahorristas con cuestionamientos sobre las relaciones históricas de la empresa. Mientras los damnificados buscan respuestas judiciales y la continuidad de sus demandas, Pilay mantiene que existen terrenos y que los problemas deben resolverse mediante alternativas particulares.
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