La Justicia analiza si funcionarios argentinos facilitaron su viaje a Estados Unidos
La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación para establecer si funcionarios del Gobierno de Javier Milei utilizaron vehículos oficiales, personal, viáticos u otros recursos estatales para facilitar el ingreso, la permanencia y la salida de Flávio Bolsonaro desde la Argentina hacia Estados Unidos.
Infórmate en DiarioPampero.com – La causa tramita en Comodoro Py y busca determinar quiénes intervinieron, qué recursos se habrían utilizado y bajo qué autorización.
La investigación por el posible uso de fondos públicos para Flávio Bolsonaro se originó en denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón. El expediente quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Ochoa.
El objetivo de la fiscalía es determinar si existió una colaboración desde el Estado argentino para asistir al dirigente brasileño durante su paso por el país y, en ese caso, identificar a los funcionarios involucrados y las autorizaciones correspondientes.
Las denuncias plantean que podrían haberse utilizado vehículos oficiales, personal, viáticos y otros bienes estatales. La Justicia también analiza si hubo coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo o si se omitieron controles que correspondían a los organismos intervinientes.
Las medidas ordenadas
La decisión de avanzar con la pesquisa se suma a medidas preliminares ordenadas la semana anterior por Capuchetti, a pedido de la fiscal Ochoa. Entre ellas, la jueza dispuso preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, el aeropuerto de Puerto Iguazú y los sectores de Migraciones y Aduana.
Los registros corresponden a los movimientos de Bolsonaro y su familia entre el 27 y el 28 de octubre. Su análisis busca reconstruir el recorrido realizado, los controles aplicados y la eventual participación de organismos estatales en el traslado.
Además, la Justicia solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones las constancias de ingreso y egreso del dirigente brasileño, los controles efectuados sobre los pasajeros y la información vinculada con el avión privado en el que viajaron.
También fueron requeridos informes a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad para establecer si esas dependencias recibieron alertas, comunicaciones o pedidos de cooperación de autoridades brasileñas relacionados con la situación judicial de Bolsonaro.
De acuerdo con el material de la causa, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas por el paso fronterizo de Puerto Iguazú. Horas después, abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Estados Unidos.
El episodio quedó bajo análisis judicial porque el dirigente brasileño tenía restricciones para salir de su país, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción. La pesquisa argentina deberá establecer si esas circunstancias tuvieron alguna incidencia en los controles realizados durante su paso por el territorio nacional.
Entre las hipótesis mencionadas en las denuncias figuran los posibles delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La investigación se encuentra en curso y la existencia de esos delitos todavía no fue determinada judicialmente.
La fiscalía procura precisar si hubo instrucciones políticas para facilitar el operativo, qué funcionarios pudieron haber participado y si se destinaron recursos estatales para garantizar los movimientos de Bolsonaro y su familia.
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