
De acuerdo a la solicitud dirigida a los distintos poderes del Estado se lograría “evitar detenciones y secuestros vehiculares innecesarios, y el respeto por los derechos humanos en todo tiempo y lugar”. Al mismo tiempo que reconocen el esfuerzo y la difícil tarea que llevan adelante las fuerzas de seguridad, señalan que han advertido “detenciones y secuestros vehiculares que tienen como característica principal el apartamiento a los principios de racionalidad y proporcionalidad en las medidas adoptadas por la autoridad policial”.
Hasta el momento lo que asegura por parte de las fuerzas de seguridad se enmarca en en el Decreto Presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y el NO cumplimiento del mismo puede derivar en la imputación de una causa penal que en algunos casos llegan al cumplimiento de prisión efectiva.
También es claro que las últimas modificaciones sobre los permisos de circulación y la validez de un certificado único a nivel nacional deja “fuera de contexto” distintas situaciones particulares que dependen de la interpretación que se haga de las mismas. En consecuencia “las formas” de control tienen también características vinculadas cada circunstancia en particular.
A partir de esto surge el reclamo. Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de la Pampa, aseguran que han existido “algunas circunstancias, hasta se habrían producido apremios ilegales o vejaciones a personas detenidas. Pero en general, detectamos que se recurre a la demora injustificada sin intervención real y efectiva de un juez”.
Otro aspecto interesante que se señala, se vincula con la detención de las personas que incumplen con el Aislamiento. En este sentido mencionan la importancia de tener en cuenta lo que sucede en las comisaría con los detenidos. Literalmente expresan: “…requerimos se evite alojar a personas demoradas -por desobediencia al aislamiento previsto en el DNU Nº 297- en comisarías o dependencias policiales que no contengan la infraestructura necesaria para evitar la propagación del virus y/u otros conflictos mayores. Esto porque se tiene conocimiento que se encierran personas en celdas sin respetarse, entre otras, ninguna medida sanitaria de prevención del COVID19 (varias personas por celda, ausencia de guantes y/ barbijos, etc.). Con lo cual el remedio aplicado (la demora con inconstitucionales fines disuasivos) contribuye a agravar el riesgo sanitario”.
Completan la petición haciendo referencia a la imposibilidad de que las personas detenidas puedan ser asistidos por un profesional: “Se está abusando de manera notoria de la previsión legal que permite demorar personas sin orden judicial. Y el estado de indefensión se ve agravado por encontrarnos los abogados imposibilitados de atender a las víctimas de estos abusos, por tener que cumplir las medidas de confinamiento obligatorio. De modo que quienes ejercen el poder punitivo estatal se encuentran en situación de virtual ausencia de controles exógenos”, advirtieron.

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