Ficha Limpia regresa al Senado con un oficialismo robusto y los números necesarios para su aprobación
La iniciativa que busca inhabilitar electoralmente a condenados por corrupción vuelve a ser prioridad legislativa. Tras el revés sufrido el año pasado, el Gobierno confía en su renovada fuerza parlamentaria, que ahora cuenta con veintiún senadores propios. Sumando el apoyo de aliados radicales y del PRO, las proyecciones indican que se superará holgadamente la mayoría absoluta exigida, dejando atrás la dependencia de los votos provinciales que frustraron el intento anterior.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Gobierno nacional ha decidido reactivar el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, confiado en su nueva composición parlamentaria. Tras el rechazo sufrido en dos mil veinticinco, el bloque oficialista, ahora con veintiún integrantes bajo la conducción de Patricia Bullrich, busca la mayoría especial de treinta y siete votos. Con el respaldo de radicales y el PRO, los cálculos cierran favorablemente sin depender de los senadores de Misiones.
El proyecto de ley conocido como Ficha Limpia ha retomado su lugar en la agenda política nacional, generando expectativas renovadas en la Casa Rosada. La intención del Ejecutivo es insistir durante este año en la Cámara Alta con una propuesta que ya cuenta con media sanción, pero que encontró un obstáculo insalvable en mayo del año pasado. Sin embargo, el contexto actual difiere sustancialmente de aquel escenario: el oficialismo ostenta una estructura mucho más sólida y cuenta con aliados que han ratificado su acompañamiento.
Javier Milei confirmó recientemente que La Libertad Avanza impulsará nuevamente la normativa, la cual fue rechazada anteriormente por la oposición y por el cambio de postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. En 2025, ambos legisladores, que responden a la conducción provincial de Carlos Rovira, modificaron su voto pese a haber prometido apoyo inicial. En esta nueva etapa, si la Cámara de Diputados cumple con su parte, los cálculos preliminares del oficialismo sugieren que ya no será necesario depender de la voluntad de dichos sectores provinciales para alcanzar el objetivo.
La propuesta legislativa tiene como finalidad modificar las reglas de elegibilidad para los cargos públicos, estableciendo una prohibición para competir en elecciones a aquellos ciudadanos que posean una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos contra la administración pública. En su momento, esta cláusula afectaba directamente las aspiraciones de la exmandataria Cristina Kirchner, quien hoy intenta ordenar al peronismo desde su prisión domiciliaria tras el pronunciamiento de la Corte.
El nuevo mapa del recinto asegura al oficialismo una base de cuarenta votos sin necesidad de negociar con los legisladores que cambiaron su postura en el debate del año pasado
El tablero político del Senado ha sufrido una transformación profunda. El interbloque de La Libertad Avanza, liderado por Patricia Bullrich, ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de tener poco más de media docena de integrantes antes del 10 de diciembre, a conformar un bloque de veintiún senadores. Aunque este número por sí solo no garantiza la aprobación, es una base sólida que facilita la construcción de la mayoría absoluta requerida por la ley electoral, fijada en treinta y siete bancas.
Para alcanzar la meta, el Gobierno proyecta sumar los respaldos de la Unión Cívica Radical, que aporta diez votos, y del PRO, con tres escaños. A esto se añaden legisladores provinciales como Carlos Espínola y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, así como otros aliados recurrentes. En la votación de mayo de 2025, senadores radicales como Eduardo Vischi, Carolina Losada y Maximiliano Abad, junto a representantes del macrismo como Martín Goerling Lara, acompañaron la iniciativa. Si se mantiene esta tendencia, el conteo arroja entre 39 y 40 votos afirmativos.
Este escenario numérico permite al oficialismo prescindir de los votos de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, así como de los misioneros que protagonizaron la polémica anterior. En Balcarce 50, la hoja de ruta está trazada: activar el debate en posibles sesiones extraordinarias en febrero o al inicio del período ordinario en marzo. El camino hacia la sanción definitiva parece despejado, respaldado por una mayoría que supera el mínimo exigido.
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