Gremios estatales definen paro nacional para el 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral y presionan a gobernadores
La Asociación de Trabajadores del Estado, junto al Frente de Sindicatos Estatales, confirmó una huelga general coincidiendo con el debate de la reforma laboral en el Senado. Rodolfo Aguiar instó a un plan de lucha previo y apuntó contra los mandatarios provinciales que apoyan la iniciativa oficialista. Advierten que la normativa vulnera derechos constitucionales y afecta directamente a organismos públicos y trabajadores precarizados bajo la figura del monotributo en toda la administración nacional.
Infórmate en DiarioPampero.com – El próximo 11 de febrero se llevará a cabo un paro general convocado por ATE y diversos gremios estatales en repudio al tratamiento de la reforma laboral. La medida de fuerza busca frenar el avance legislativo impulsado por el Gobierno nacional en las sesiones extraordinarias. Los dirigentes sindicales anticiparon movilizaciones en las provincias para exigir a los mandatarios locales que no acompañen el proyecto, al considerar que representa un retroceso histórico en materia de derechos.
El escenario político y gremial se tensa de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. En una reunión que congregó a los principales referentes del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, encabezados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se resolvió avanzar con una medida de fuerza de alcance nacional. La fecha elegida es el 11 de febrero, día estipulado para el ingreso y tratamiento de la reforma laboral en el Senado. La decisión busca unificar el reclamo de múltiples sectores que ven en la nueva normativa una amenaza directa a la estabilidad del empleo público y a las condiciones laborales vigentes.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, fue contundente al explicar la necesidad de esta acción directa. Según el dirigente, la huelga general en el momento del debate legislativo es una obligación para el movimiento obrero, aunque advirtió que no debe ser un evento aislado. La postura del sindicato es que la resistencia a la ley debe comenzar antes de que los legisladores bajen al recinto. Por ello, instó a las bases a diseñar un cronograma de protestas que se active en los días previos, con el objetivo de visibilizar el rechazo social a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
La estrategia sindical busca condicionar el apoyo de las provincias a la Ley mediante movilizaciones previas que expongan el impacto negativo de la normativa en el empleo público y el régimen de contratación estatal
El foco de la presión gremial se ha desplazado hacia los gobernadores. Los sindicatos han tomado nota de las gestiones políticas realizadas por funcionarios nacionales, como el ministro del Interior Diego Santilli, quien ha mantenido encuentros para asegurar los votos necesarios. Para Aguiar, el Gobierno nacional carece de la fuerza política suficiente para aprobar la reforma sin el aval de las provincias. En consecuencia, el plan de lucha contempla acciones específicas en aquellos distritos cuyos mandatarios se han mostrado proclives a acompañar las iniciativas de la administración de Javier Milei. La intención es elevar el costo político de dicho apoyo, señalando a los gobernadores como corresponsables de lo que los gremios denominan un retroceso de cien años en derechos laborales.
El análisis que realizan los sindicatos sobre el texto de la reforma es alarmante. Sostienen que el proyecto tiene como finalidad principal debilitar la protección del trabajador y potenciar de manera desproporcionada las facultades de los empleadores. Aguiar enfatizó que no se puede ser un testigo pasivo ante lo que considera una vulneración de la Constitución Nacional. La preocupación se extiende a la totalidad del sector público, dado que muchos organismos se rigen, total o parcialmente, por la Ley de Contrato de Trabajo que se intenta modificar. Entidades como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, y empresas como Yacimientos Carboníferos Río Turbio o la Administración General de Puertos, quedarían expuestas a nuevas reglas de juego que facilitan el despido y la precarización.
Uno de los puntos más cuestionados es la modificación en la presunción del vínculo laboral, específicamente en lo referido al monotributo. Desde ATE denuncian que la reforma legitimaría el fraude laboral que ya existe en el Estado, tanto a nivel nacional como municipal, impidiendo que miles de trabajadores que facturan sus servicios puedan regularizar su situación. Esta arista técnica es vista como una herramienta para perpetuar la inestabilidad de quienes sostienen el funcionamiento diario de la administración pública.
La jornada del 11 de febrero se inserta en un calendario legislativo complejo. El decreto de convocatoria a extraordinarias incluye, además de la reforma laboral, temas de alto perfil como el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur- Unión Europea, la Ley de Glaciares y designaciones diplomáticas. Sin embargo, para los estatales, la batalla central es la defensa del marco regulatorio del trabajo, convocando a una amplia gama de sectores que incluye desde judiciales y personal de salud hasta docentes universitarios y trabajadores portuarios, en un intento de frenar una ley que consideran regresiva.
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