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Indagan al ‘Señor Jota’, presunto cerebro del triple asesinato en Florencio Varela

Indagan al ‘Señor Jota’ por su rol presunto como cerebro del triple asesinato en Florencio Varela que conmocionó a la zona sur del Gran Buenos Aires

En un avance clave de la investigación por el brutal triple crimen en Florencio Varela, el fiscal Adrián Arribas interroga hoy a Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias ‘Señor Jota’, detenido como presunto autor intelectual de los homicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El hombre, preso por narcotráfico en Palermo y a punto de ser extraditado a Perú, fue imputado tras la declaración de una mujer detenida que lo acusa de dirigir el secuestro y ataque letal desde su celda. Los cargos incluyen privación ilegal de la libertad agravada y homicidio premeditado con alevosía, ensañamiento y violencia de género, en concurso real y criminis causa. La informante reveló que los diez capturados actuaron bajo sus órdenes en este caso ligado al narcotráfico que dejó tres víctimas sin vida en un hecho que indigna a la sociedad. La pesquisa avanza con peritajes balísticos y análisis de comunicaciones para afianzar la cadena de mando. 

El triple homicidio que enluta a Florencio Varela expone las redes de poder criminal desde las cárceles, y la declaración de una testigo clave podría desmantelar la estructura detrás de estos asesinatos salvajes. Descubre los detalles de la indagatoria que busca justicia para las víctimas y frena la violencia narco en el conurbano.

Joseph Freyser Zabaleta Cubas, conocido en los ámbitos delictivos bajo el alias de ‘Señor Jota’, enfrenta hoy un interrogatorio exhaustivo en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora. El fiscal a cargo, Adrián Arribas, quien lidera la unidad especializada en delitos complejos, busca esclarecer el grado de involucramiento de este individuo en los hechos ocurridos el pasado 14 de septiembre en la localidad de Florencio Varela, parte del conurbano bonaerense. Los asesinatos de las tres mujeres —Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez— han generado una profunda consternación en la comunidad, al tratarse de un acto de extrema violencia enmarcado en disputas por el control de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Zabaleta Cubas, un peruano de 42 años con un historial delictivo que incluye múltiples causas por tráfico de estupefacientes, se encontraba recluido en la Alcaidía de Palermo, en la Capital Federal, a la espera de su extradición a Perú por un pedido internacional emitido por autoridades de ese país. Su detención en esta causa específica se precipitó hace apenas unos días, cuando un juez de garantías ordenó su traslado inmediato para sumarlo al expediente principal. La imputación formal contra él abarca un catálogo de agravantes que reflejan la gravedad del suceso: desde la privación ilegal de la libertad en su forma activa, agravada por la participación de varios autores y por involucrar a una menor de edad, hasta el homicidio calificado por premeditación en la ejecución de dos o más víctimas, alevosía que impidió cualquier defensa, ensañamiento en la forma de perpetrar los hechos, violencia ejercida por parte de hombres contra mujeres, todo ello en concurso real y con el propósito de encubrir otros delitos, conocido como criminis causa.

La pieza fundamental que derivó en esta etapa procesal proviene de la declaración testimonial de una mujer cuya identidad se mantiene en reserva absoluta para preservar su seguridad. Esta persona, también privada de su libertad en el marco de una investigación conexa por narcotráfico, decidió colaborar con la Justicia al detallar la dinámica operativa detrás del crimen. Según su relato, detallado ante el fiscal Arribas y corroborado preliminarmente con elementos de prueba recolectados en allanamientos previos, Zabaleta Cubas habría ejercido un control absoluto sobre el grupo de ejecutores desde el interior de su celda. Mediante comunicaciones clandestinas —posiblemente a través de celulares introducidos ilegalmente en el penal o mensajes codificados—, el imputado habría delineado el plan de secuestro, la ejecución del ataque y las instrucciones para el descarte de evidencias.

La testigo describió con precisión cómo los diez individuos ya detenidos en la causa —un combo de ejecutores locales con vínculos en el bajo mundo del conurbano— operaban bajo las directivas directas de ‘Señor Jota’. Ella misma, según se infiere de su exposición, habría tenido un rol periférico en la logística, aunque los detalles exactos de su participación se encuentran bajo secreto de sumario para no comprometer la pesquisa. Este testimonio no solo amplía el espectro de responsabilidad en el caso, sino que también ilumina las fisuras en el sistema penitenciario argentino, donde figuras de alto perfil en el crimen organizado logran mantener líneas de mando intactas pese al encierro. Peritos forenses y analistas de la Policía Federal ya trabajan en el cruce de datos telefónicos y registros de visitas para validar estas afirmaciones, mientras que equipos de inteligencia rastrean posibles ramificaciones en otras provincias.

Detalles del suceso y el avance de la causa

El crimen tuvo su origen en una aparente venganza por deudas pendientes en el tráfico de drogas, un conflicto que escaló rápidamente a la brutalidad extrema. Las víctimas fueron interceptadas en la vía pública de Florencio Varela por un grupo motorizado que las obligó a subir a un vehículo. Horas después, sus cuerpos fueron hallados en un descampado cercano, con signos de haber sido sometidas a torturas previas y ejecutadas a quemarropa. Brenda del Castillo, identificada como la principal objetivo, mantenía supuestos lazos con círculos delictivos menores, lo que la habría convertido en blanco de represalias. Su hermana Morena y la pequeña Lara, inocentes en esta trama, pagaron el precio más alto de una espiral de violencia que no distingue edades ni roles.

La investigación, iniciada inmediatamente tras el hallazgo de los cadáveres, acumula ya una montaña de pruebas materiales: armas secuestradas en operativos paralelos, vehículos utilizados en el secuestro con rastros de ADN de las víctimas, y testimonios cruzados de testigos oculares que avistaron la maniobra en pleno desarrollo. La detención de los diez presuntos ejecutores directos —arrestados en una serie de redadas coordinadas entre la Policía Bonaerense y la Federal— permitió desarmar la célula operativa inmediata, pero fue la colaboración de la informante la que elevó la mira hacia Zabaleta Cubas. Este hombre, descrito por fuentes cercanas a la causa como un operador de nivel intermedio en redes transnacionales de droga, ya enfrentaba en Perú cargos por homicidio y asociación ilícita, lo que complica aún más su situación procesal en Argentina.

El fiscal Arribas, reconocido por su manejo meticuloso de casos de alta complejidad, ha solicitado prórroga de la indagatoria para incorporar nuevos elementos, como informes de geolocalización que podrían demostrar la recepción de órdenes en tiempo real durante el día de los hechos. Además, se evalúa la posibilidad de incorporar peritos internacionales para analizar las comunicaciones interceptadas, dada la dimensión binacional del imputado. La familia de las víctimas, acompañada por querellantes y organizaciones de derechos humanos, sigue de cerca cada paso de la Justicia, demandando no solo condenas ejemplares sino también reformas para blindar las prisiones contra estas redes invisibles. Mientras tanto, el caso pone en evidencia la permeabilidad de las cárceles como centros de mando criminal, un problema estructural que urge atención de las autoridades penitenciarias y legislativas.

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