La Corte Suprema de Justicia cita a La Pampa y al Estado nacional a audiencia por reclamo de fondos previsionales
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aceptado su competencia en el litigio que La Pampa mantiene contra el Gobierno nacional por el desfinanciamiento del sistema previsional provincial. En una resolución emitida este 28 de octubre de 2025, el máximo tribunal convocó a ambas partes a una audiencia el próximo 5 de noviembre a las 11 horas en la Secretaría de Juicios Originarios. El gobernador Sergio Ziliotto celebró el avance y reiteró la defensa de los recursos que la provincia considera propios. El reclamo se basa en la interrupción de aportes nacionales al Instituto de Seguridad Social desde diciembre de 2023, lo que obliga a La Pampa a destinar fondos propios para cubrir el déficit. La causa, identificada como CSJ 596/2024, se sustanciará por vía ordinaria tras la notificación formal de la demanda.
En un avance procesal que pone en el centro del debate judicial el financiamiento de las jubilaciones provinciales, La Pampa enfrenta al Estado nacional ante la Corte Suprema por el corte de aportes previsionales. Descubre los detalles de la resolución que convoca a una audiencia clave el 5 de noviembre, las declaraciones del gobernador Ziliotto y el trasfondo legal de un reclamo que afecta directamente a miles de pampeanos. ¿Cómo impactará esta instancia en la economía provincial? Lee el análisis completo para entender las implicancias de esta batalla por recursos esenciales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha intervenido en el conflicto entre la provincia de La Pampa y el Gobierno nacional, al declarar su competencia originaria para resolver el reclamo por el desfinanciamiento del sistema previsional pampeano. Esta determinación, plasmada en una resolución fechada el 28 de octubre de 2025, abre la puerta a un escrutinio detallado de las obligaciones financieras entre el Estado federal y las provincias, particularmente en materia de aportes al Instituto de Seguridad Social (ISS).
La causa, registrada bajo el expediente CSJ 596/2024 y titulada “La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ cobro de pesos e inconstitucionalidad”, aborda directamente la suspensión de transferencias nacionales destinadas a cubrir el déficit del ISS. Desde diciembre de 2023, la provincia ha debido asumir íntegramente estos gastos con recursos de su propio tesoro, una situación que las autoridades locales consideran contraria a los compromisos asumidos en normativas vigentes. El documento judicial detalla que el proceso se tramitará por la vía ordinaria, tras notificar formalmente la demanda al demandado.
Detalles de la resolución y el cronograma judicial
El fallo de la Corte establece con precisión los pasos iniciales del procedimiento. En primer término, confirma que el caso cae bajo su jurisdicción exclusiva, tal como lo prevé el artículo 117 de la Constitución Nacional, que reserva al tribunal la solución de disputas entre una provincia y la Nación. Posteriormente, ordena el traslado de la demanda, lo que implica la comunicación oficial al Estado nacional para que presente su contestación de manera oportuna.
El punto culminante de esta resolución es la convocatoria a una audiencia oral, programada para el martes 5 de noviembre de 2025 a las 11 horas en la Secretaría de Juicios Originarios del Palacio de Justicia. Esta instancia permitirá a representantes de La Pampa y del Gobierno nacional exponer sus posiciones de viva voz, con posibilidad de intercambiar argumentos y evidencias preliminares. La elección de esta fecha cercana refleja la intención del tribunal de agilizar el trámite, en un contexto donde las provincias reclaman con creciente insistencia la restitución de fondos federales.
El gobernador Sergio Ziliotto, al enterarse de la decisión, compartió la novedad en sus cuentas oficiales en redes sociales, donde describió el suceso como un progreso en la defensa de los intereses provinciales. “Hemos sido convocados por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia con el Estado Nacional, en relación a nuestra demanda por el desfinanciamiento de nuestro sistema previsional”, escribió el mandatario, subrayando el esfuerzo sostenido de su administración.
Ziliotto prosiguió detallando la esencia del reclamo: “Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno Nacional nos niega”. En sus palabras, se percibe una determinación firme por sostener la posición pampeana, anclada en el mandato electoral y en la historia de la provincia como garante de derechos sociales. Este pronunciamiento no solo informa, sino que moviliza a la ciudadanía, recordando que el caso trasciende lo administrativo para tocar directamente la sostenibilidad de las pensiones y jubilaciones locales.
Para contextualizar el origen del litigio, resulta esencial repasar los fundamentos legales que La Pampa invoca. El Pacto Fiscal Federal de 1999, suscripto entre el Estado nacional y las provincias, establece explícitamente la responsabilidad concurrente en el financiamiento de los sistemas previsionales subnacionales. Complementariamente, la Ley 27.260, conocida como la Ley de Reparación Histórica para los Jubilados, refuerza esta obligación al prever mecanismos de compensación para déficits en institutos como el ISS pampeano. La interrupción unilateral de estos aportes, argumenta la provincia, no solo vulnera estos textos normativos, sino que genera un desequilibrio fiscal que compromete la prestación de servicios esenciales a jubilados y pensionados.
En los meses transcurridos desde el cese de los fondos, La Pampa ha documentado el impacto cuantitativo: millones de pesos mensuales desviados de otras áreas prioritarias, como salud, educación e infraestructura, para inyectarlos en el ISS. Autoridades provinciales han elaborado informes técnicos que detallan esta reasignación forzada, los cuales seguramente formarán parte de la argumentación en la audiencia venidera. Del lado nacional, aunque aún no se ha emitido una respuesta formal, se anticipan defensas basadas en restricciones presupuestarias generales y en la necesidad de reestructurar el federalismo fiscal.
Esta convocatoria a la Corte representa un momento de alta expectativa para La Pampa, donde el equipo jurídico provincial prepara meticulosamente su presentación. Expertos en derecho constitucional observan que fallos previos del tribunal en casos similares han tendido a equilibrar las cargas entre niveles de gobierno, aunque cada instancia depende de los hechos particulares. Mientras tanto, el gobernador Ziliotto ha instado a la unidad provincial en torno a esta causa, posicionándola como una expresión de soberanía local en defensa de lo acordado federalmente.
El desarrollo de la audiencia del 5 de noviembre podría sentar precedentes no solo para La Pampa, sino para otras provincias en situaciones análogas, donde el flujo de recursos coparticipables y compensatorios se ve afectado por decisiones centrales. Así, el procedimiento judicial se erige como un foro neutral para dirimir tensiones que, de no resolverse, podrían escalar a ámbitos políticos más amplios.
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