La Justicia investiga la venta ilegal de carne de burro en Chubut tras múltiples denuncias
La Fiscalía Ambiental de Rawson avanza con la investigación preliminar sobre la comercialización y degustación pública de carne de burro en una carnicería ubicada en Trelew. Las autoridades judiciales evalúan múltiples denuncias presentadas por organizaciones protectoras de animales a nivel nacional e internacional. El foco del expediente radica en determinar posibles incumplimientos de la normativa sanitaria y la absoluta falta de habilitaciones oficiales para ofrecer este producto al público.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Justicia analiza la venta y cata de carne de burro en Chubut tras denuncias de entidades protectoras. La fiscal Florencia Gómez lidera la causa que evalúa infracciones sanitarias ante la absoluta falta de permisos. Funcionarios del SENASA declararon que jamás habilitaron la faena ni la comercialización interna de dichos equinos. Esta polémica actividad, que se viralizó en las redes, expone un profundo vacío legal y desafía las normativas de consumo nacionales.
La investigación penal preparatoria avanza a paso firme en la provincia meridional, donde la Fiscalía Ambiental de Rawson se encuentra reuniendo pruebas testimoniales y documentales. El eje central del litigio radica en la inusitada exposición de productos elaborados con carne de burro, ofrecidos abiertamente al consumidor mediante una degustación en un establecimiento comercial de la ciudad de Trelew. Este acontecimiento generó una fuerte reacción social y derivó en la apertura de un expediente judicial liderado por la especialista en delitos contra la fauna y el medio ambiente, Florencia Gómez. Las indagaciones apuntan a desenmarañar las presuntas faltas sanitarias y comerciales cometidas por los responsables del local comercial.
El proceso judicial cobró un fuerte impulso tras la incorporación de más de una veintena de denuncias formales radicadas por diversas agrupaciones dedicadas a la protección de los animales. Estos reclamos provienen no solo de diferentes provincias argentinas, sino que trascienden las fronteras sumando el apoyo de entidades afines de otros países del Mercosur. Ante esta presión pública y judicial, el Ministerio Público Fiscal citó a comparecer a los agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Las autoridades de este ente regulador fueron categóricas en sus declaraciones al afirmar que no existe ningún tipo de autorización expedida por su organismo para avalar la faena o la comercialización de esta especie en el mercado interno, despejando cualquier duda sobre la pretendida legalidad del acto promocional.
Las autoridades provinciales profundizan las pericias sobre los promotores del insólito evento gastronómico en Trelew. Ante las reiteradas quejas de los sectores conservacionistas, se revisan actas y habilitaciones para esclarecer las transgresiones al Código Alimentario, el cual excluye formalmente a estos cuadrúpedos del circuito de faena regular y de las góndolas para todo el consumo ciudadano.
Durante la recopilación preliminar de datos, trascendió que los encargados del negocio intentaron justificar la actividad argumentando que se trataba de una simple prueba experimental para testear la aceptación del producto entre los clientes habituales. No obstante, la fiscal Gómez desestimó de plano este razonamiento, afirmando que bajo el principio de legalidad administrativa, lo que carece de permiso expreso se encuentra terminantemente vedado. Las normativas nacionales que rigen la temática equina, específicamente la Ley 24.525 y su respectivo decreto reglamentario, orientan sus directrices de forma exclusiva hacia los procesos de exportación, omitiendo cualquier protocolo que legitime el expendio de cortes de burro en las carnicerías locales.
La cata pública expuso de manera contundente un profundo vacío regulatorio en el ámbito nacional. El Código Alimentario Argentino, texto que rige las especificaciones para todos los alimentos aptos para el consumo, no enumera a la carne de burro entre las categorías habilitadas. Esta carencia técnica implica que resulta virtualmente imposible establecer un sistema de trazabilidad seguro, fijar controles bromatológicos adecuados o garantizar que los procesos de faenamiento cumplan con los mínimos estándares de salubridad y bienestar animal exigidos. De este modo, la venta de empanadas u otras manufacturas de la misma índole bajo estas condiciones representa un riesgo sanitario directo, manteniendo las actuaciones bajo la atenta revisión de los tribunales chubutenses que determinarán las responsabilidades finales.
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