Milei desplazó a Belén Agudiez, mano derecha de Karina, tras denuncias sobre Olivos
El presidente Javier Milei desplazó a Belén Agudiez, funcionaria vinculada a Karina Milei, tras denuncias sobre presuntas irregularidades en la Quinta de Olivos. Las acusaciones incluyen contrataciones familiares, gastos millonarios y un posible uso indebido de recursos públicos.
Infórmate en DiarioPampero.com – La salida fue formalizada en el Boletín Oficial y se produjo durante una reestructuración que dejó el control de la residencia presidencial bajo la órbita de la Casa Militar.
El presidente Javier Milei echó a Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y una de las funcionarias de confianza de Karina Milei. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial luego de que trascendieran denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de la Quinta de Olivos.
Agudiez tenía a su cargo el manejo operativo de la residencia presidencial. Según el contenido difundido, las acusaciones apuntan a contrataciones de familiares, gastos elevados y un supuesto desvío de recursos estatales hacia actividades vinculadas con un emprendimiento privado.
Entre los hechos mencionados figuran la presunta adquisición de 29 toneladas de carne, una licitación por 700 millones de pesos para tareas de jardinería y la utilización de la identidad de un jubilado como supuesto proveedor del Estado. Las denuncias deberán ser investigadas para determinar responsabilidades.
Denuncias bajo investigación
De acuerdo con la información publicada, Agudiez habría designado como intendente de la Quinta de Olivos a su cuñado, el jardinero Javier Sosa. También se señaló la contratación de su madre, su hermana y otros familiares para tareas de limpieza, mantenimiento y administración.
La situación quedó bajo la lupa judicial y parlamentaria a partir de los gastos atribuidos a la residencia presidencial. La cifra de 29 toneladas de carne mencionada en las denuncias fue presentada como una posible señal de compras desproporcionadas, aunque su alcance deberá establecerse mediante documentación y peritajes.
Otro de los puntos cuestionados es una licitación por 700 millones de pesos para trabajos de jardinería. La denuncia sostiene que el proceso pudo haber sido direccionado, una hipótesis que deberá ser analizada por los organismos competentes.
Las acusaciones también vinculan los insumos de la estructura oficial con “Pancitos Caseros”, un emprendimiento privado de catering atribuido a la funcionaria. El contenido difundido plantea la sospecha de un circuito de retornos y malversación, aunque no informa una resolución judicial sobre esos hechos.
La diputada Marcela Pagano denunció además que la red atribuida a Agudiez habría utilizado la identidad de un jubilado en situación vulnerable para registrarlo como proveedor del Estado. Según esa denuncia, se habrían facturado más de 600 millones de pesos a la Presidencia.
En paralelo, también se mencionaron quejas internas por el supuesto uso de instalaciones de Olivos para asados y eventos privados de allegados a la subsecretaria. La información disponible no precisa si esas situaciones fueron incorporadas formalmente a una investigación ni qué medidas se adoptaron al respecto.
La salida de Agudiez se produjo durante una purga que comenzó con el despido de casi todo el personal civil de la Quinta de Olivos, incluidos trabajadores de cocina y mantenimiento. El Gobierno argumentó que la Casa Militar asumiría el control total de la residencia por razones de seguridad.
Los empleados civiles desplazados fueron reemplazados por efectivos militares. La decisión modificó el esquema operativo de la residencia presidencial y quedó vinculada, según voceros oficiales, con cuestiones de seguridad y con la eventual visita del papa a la Argentina.
El desplazamiento de Agudiez impacta en el entorno de Karina Milei, cuya estructura política ya había sido cuestionada por denuncias relacionadas con contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad y con la administración de Tecnópolis. Esos señalamientos forman parte de controversias diferenciadas y no implican por sí mismos una responsabilidad judicial comprobada.
Según trascendió, Agudiez y algunos de los empleados despedidos tendrían contratos de confidencialidad por 90 días. El contenido difundido no precisa el alcance legal de esas cláusulas ni si fueron revisadas por la Justicia. Mientras tanto, la investigación sobre las contrataciones y el uso de fondos públicos continúa abierta.
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