La fiscalía analizará cómo Adorni justificó USD 591.544 en criptomonedas
Manuel Adorni presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo un informe técnico-contable para explicar el origen de USD 591.544,61. La defensa atribuyó esos fondos a la venta de Bitcoin y también respondió por una obra, compras personales y un descalce patrimonial.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Justicia deberá determinar si las billeteras virtuales y los soportes informáticos presentados respaldan la explicación del exjefe de Gabinete.
Manuel Adorni intentó cerrar el frente judicial sobre su patrimonio con un informe técnico-contable de 78 carillas presentado ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Según la defensa, el exjefe de Gabinete pudo justificar la composición de sus bienes a partir de inversiones tempranas en Bitcoin.
El eje de la presentación fue el origen de USD 591.544,61 en efectivo, una suma observada por no haber sido declarada ante la Oficina Anticorrupción. El escrito, patrocinado por el abogado Matías Ledesma, sostuvo que el dinero provino de la venta escalonada de criptomonedas alojadas en ocho billeteras virtuales.
Para respaldar esa versión, Adorni entregó claves privadas de cuentas con movimientos registrados entre 2014 y 2018. La defensa afirmó que las operaciones fueron liquidadas en el circuito informal o “blue” y las presentó como una práctica extendida frente a la inestabilidad económica.
La revisión de la fiscalía
La fiscalía de Pollicita deberá analizar la validez de los soportes informáticos aportados y la correspondencia entre las operaciones informadas y el dinero cuestionado. De acuerdo con el planteo publicado, si la explicación basada en billeteras virtuales informales no tuviera sustento suficiente, el expediente podría avanzar hacia un pedido de declaración indagatoria.
La defensa también vinculó esos fondos con gastos cotidianos, ahorros de la sociedad conyugal y viajes familiares a destinos como Aruba y el hotel Llao Llao. El informe sostuvo que el dinero obtenido mediante las criptomonedas funcionó como un respaldo fuera del sistema bancario.
Otro punto de la presentación estuvo relacionado con la remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. La defensa cuestionó el testimonio del contratista Matías Tabar, quien había declarado bajo juramento haber recibido USD 245.929 en efectivo por los trabajos.
Adorni sostuvo que la obra tuvo un costo de USD 175.000, abonado desde cuentas bancarias. También afirmó que las planillas del constructor contenían errores de cálculo en cifras cercanas a los USD 285.000. Sobre el lote, indicó que costó USD 120.000: USD 100.000 habrían sido cubiertos mediante un crédito hipotecario y los USD 20.000 restantes correspondían a ahorros en efectivo de su esposa, Bettina Angeletti.
El expediente también incluía operaciones atribuidas al presunto uso de terceras personas para facturar consumos personales. Entre ellas figuraban la compra de un monitor gamer y proyectores por $5.848.589, además de sommiers por más de $8.183.383, registrados a nombre de la empleada pública Gisela Kocsis.
La defensa rechazó que se tratara de testaferros y explicó que Adorni delegaba compras domésticas por su carga horaria y la relación de confianza con Kocsis. Una justificación similar fue presentada respecto de Laura Daniela Schiuma, quien le habría prestado tarjetas de crédito, y de Luis Enrique Aluju, propietario de un proyector enviado al domicilio del exfuncionario por razones logísticas.
En relación con el descalce patrimonial de $43.068.549, el informe afirmó que la diferencia representaba el 15,8% de los egresos totales reconstruidos, calculados en $272.820.832,20. La defensa calificó esa diferencia como una brecha residual.
Según el documento, el desajuste se explicaría por las variaciones de las cotizaciones informales de las divisas y por gastos menores que no contaban con comprobantes electrónicos en los registros de ARCA. La fiscalía deberá contrastar esa explicación con la documentación incorporada al expediente.
El planteo de Adorni busca que el descargo técnico alcance para cerrar el requerimiento fiscal. Sin embargo, la decisión dependerá de la evaluación judicial sobre el origen de los fondos, la trazabilidad de las operaciones en criptomonedas y la consistencia de las respuestas sobre los gastos y bienes observados.
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