La joven acusa a su expareja de amenazarla y difundir imágenes íntimas; la defensa lo negó
Una agente policial de 25 años denunció que recibió amenazas para evitar que se difundieran sus fotografías íntimas tras finalizar una relación de cinco años en San Luis. La joven señaló a su expareja, un abogado y expolicía, mientras que la defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que su representado no difundió las imágenes.
Infórmate en DiarioPampero.com – La investigación busca establecer el origen de los mensajes y la circulación del material privado, mientras la denunciante sostiene que el caso afectó su vida personal y su trayectoria dentro de la fuerza policial.
Una joven policía de la ciudad de San Luis denunció un presunto caso de pornoextorsión y difusión no consentida de imágenes íntimas luego de poner fin a una relación sentimental de cinco años. Según publicó Infobae, Noelia Daiana Durán Rosales, de 25 años, responsabilizó a su expareja, el abogado y expolicía Ezequiel Roberto Domínguez, por las amenazas y el hostigamiento que asegura haber sufrido. La responsabilidad del hombre en los hechos denunciados debe ser determinada por la Justicia.
De acuerdo con el relato de la denunciante, a mediados de julio recibió mensajes de números desconocidos en los que le exigían dos millones de pesos a cambio de no publicar fotografías privadas. La joven afirmó que se negó a pagar y que las imágenes comenzaron a circular entre personas vinculadas con su ámbito laboral, incluidas autoridades policiales y compañeros de la institución.
La mujer presentó denuncias ante la Comisaría Tercera de San Luis y la Fiscalía de Instrucción Penal N.º 1, con intervención en contexto de género, y obtuvo una medida de restricción por seis meses, según el informe periodístico. Por su parte, Federico Farías, abogado defensor de Domínguez, negó que su representado haya difundido las fotografías y cuestionó la versión de la denunciante.
Una separación seguida de denuncias
Según relató Noelia a Infobae, la relación terminó en julio, después de que encontrara en una computadora de su entonces pareja un video íntimo de otra mujer. La joven sostuvo que ya había atravesado una situación similar anteriormente, pero que esta vez decidió no continuar con el vínculo.
Tras la separación, la denunciante aseguró que Domínguez comenzó a presentarse en su departamento, reclamar bienes que habían adquirido durante la relación y dejarle comunicaciones que consideró intimidatorias. También señaló que recibió llamados desde números ocultos y otros mensajes que interpretó como intentos de presionarla para retomar el contacto.
La joven manifestó que decidió mudarse y mantener su domicilio en reserva. En su relato, vinculó los episodios posteriores a la ruptura con la difusión de las fotografías y las amenazas económicas que denunció. Estas afirmaciones forman parte de su presentación y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación judicial.
El impacto en su carrera policial
Durán Rosales afirmó que las imágenes llegaron a integrantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se desempeñaba como instructora, además de jefes y otras personas de su entorno laboral. Según su testimonio, la situación repercutió en sus tareas profesionales y en las posibilidades de continuar desarrollando funciones de capacitación.
La agente indicó que fue trasladada a otra dependencia y que actualmente trabaja en El Trapiche, localidad situada fuera de la ciudad de San Luis. Según contó, el cambio le exige reorganizar sus horarios y afrontar gastos adicionales de transporte.
“Siento que me quieren invisibilizar. Me escondieron”, expresó la joven, de acuerdo con las declaraciones reproducidas por Infobae. También sostuvo que la circulación de material privado no debería confundirse con su desempeño profesional y manifestó su intención de continuar trabajando en la fuerza policial.
La denunciante señaló que busca identificar a las personas que enviaron los mensajes y difundieron las imágenes. Para ello, espera que la investigación permita establecer qué teléfonos, números y cuentas fueron utilizados. La identificación del origen de las comunicaciones y la determinación de eventuales responsabilidades forman parte de las cuestiones que deben esclarecerse.
La respuesta de la defensa
El abogado Federico Farías rechazó las acusaciones contra Domínguez. “Mi defendido no fue quien difundió las fotografías íntimas que posteriormente se viralizaron. Nunca tuvo acceso previo a ellas”, afirmó, según la publicación periodística.
El representante legal también se refirió a la existencia de un supuesto perfil en la plataforma OnlyFans. Según su planteo, habría existido una cuenta en la que se comercializaba contenido erótico y solicitó que se requiriera información a la empresa para conocer los datos disponibles sobre las publicaciones y las operaciones relacionadas con ese perfil.
Farías sostuvo además que las fotografías habrían sido realizadas profesionalmente y negó que su cliente hubiera utilizado un número telefónico desconocido o una identidad falsa para compartirlas en grupos de WhatsApp. La defensa afirmó que Domínguez tomó conocimiento de la circulación del material después de que este se viralizara.
El abogado también cuestionó las denuncias vinculadas con presuntos episodios de hostigamiento y aseguró que, según su interpretación, las cámaras de seguridad consultadas no aportaron elementos que acreditaran esos hechos. Se trata de afirmaciones de la defensa, cuya valoración corresponde a las autoridades judiciales.
En paralelo, Farías indicó que su representado realizó una presentación relacionada con bienes materiales que considera propios y que, según la versión de la defensa, no le habrían sido restituidos. Ese reclamo constituye otro aspecto del conflicto entre las partes.
La investigación deberá esclarecer los hechos
El caso reúne denuncias sobre amenazas económicas, presunta difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y hostigamiento después de una separación. Mientras la joven sostiene que su expareja estuvo detrás de las comunicaciones, el acusado, por medio de su abogado, niega haber participado en la difusión del material.
La investigación deberá determinar el origen de los mensajes, la eventual intervención de las personas involucradas y las circunstancias en las que las fotografías comenzaron a circular. Hasta que se establezcan los hechos, las acusaciones deben considerarse denuncias pendientes de esclarecimiento y no una responsabilidad penal probada.
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