Admiten el primer amparo en La Pampa contra la suba de una prepaga
El juez federal Juan José Baric ha emitido una medida cautelar que detiene temporalmente los aumentos de cuotas de una obra social prepaga para un afiliado residente en La Pampa.
La medida judicial, emitida en respuesta a una demanda presentada por S.C.O. y su esposa, ambos jubilados y afiliados al Plan 4000 de Federada Salud desde 2005, ordena a la empresa ajustar las cuotas correspondientes al plan asistencial sin aplicar los aumentos efectuados en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del Poder Ejecutivo Nacional. La medida cautelar estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en el caso.
La acción legal, presentada el 5 de febrero y representada por los abogados Federico Lamelo y Conrado Caione, cuestiona la legalidad de los aumentos sustentados en el DNU 70/23, argumentando que este decreto es inconstitucional al modificar el marco regulatorio establecido por la Ley 26.682 que requiere la aprobación de aumentos por parte de la autoridad de aplicación.
El juez Baric fundamentó su decisión en la urgencia del caso, destacando la avanzada edad del demandante, 72 años, y sus condiciones de salud que demandan atención médica constante. El magistrado consideró que la imposibilidad de afrontar el aumento de las cuotas pondría en riesgo la salud del demandante al privarlo de servicios médicos necesarios.
El conflicto entre los afiliados y las empresas de medicina prepaga ha generado una serie de propuestas por parte del sector, incluyendo la devolución en 12 cuotas de los montos cobrados por encima de la inflación desde diciembre del año anterior. Además, se plantea la posibilidad de liberar los precios a partir de octubre y establecer mecanismos de indexación basados en indicadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El origen de la controversia se remonta al impacto de los aumentos de las prepagas en el índice de precios al consumidor, lo que generó tensiones entre el sector y el gobierno, así como cambios en la dirección de entidades representativas como la Unión Argentina de Salud (UAS).
La resolución de este caso en La Pampa marca un hito en la defensa de los derechos de los afiliados a las obras sociales prepagas y establece un precedente significativo en la regulación del sector de la salud privada.
Fuente: Diario Textual
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