Un llamado al 911 apuntó contra el gobernador y la Policía tras la detención


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Una llamada realizada al 911 en Rosario incluyó amenazas contra personas inocentes, el gobernador Maximiliano Pullaro y efectivos policiales si no liberaban a Santino Alvarado, detenido por una causa federal vinculada al narcotráfico y al lavado de activos.

Infórmate en DiarioPampero.com – La comunicación activó medidas judiciales y derivó en una circular interna para extremar los cuidados de las unidades policiales que realizan tareas preventivas en la ciudad.

La amenaza por Santino Alvarado fue comunicada a la central de emergencias 911 el domingo por la noche, alrededor de las 22.30. Según el material de la causa, una persona advirtió que comenzarían a matar gente si el joven no era liberado y dirigió el mensaje contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la Policía.

La llamada habría sido realizada desde una línea telefónica de Rosario y tuvo una duración aproximada de 20 segundos. La situación fue informada al fiscal Damián Cimino, quien se encontraba de turno en el Ministerio Público de la Acusación y ordenó una serie de medidas para identificar el origen de la comunicación.

Tras el episodio, la Policía de Santa Fe emitió el lunes una circular interna en la que solicitó especial atención y mayores precauciones a las unidades desplegadas en la vía pública. Las medidas se sumaron al refuerzo de seguridad dispuesto luego de la detención de Alvarado.

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La investigación federal

Santino Alvarado fue detenido el jueves 12 de noviembre en la ciudad de Funes. De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, el acusado rompió tres teléfonos celulares cuando advirtió el ingreso de los agentes federales a su domicilio. En el lugar también fueron secuestradas dos pistolas y una escopeta, todas con documentación, ya que figura como legítimo usuario.

Al día siguiente, los fiscales federales Diego Iglesias, Matías Scilabra, Diego Velasco y Juan Argibay Molina lo indagaron como presunto organizador de delitos que, según la acusación, habría ordenado su padre, Esteban Lindor Alvarado, desde el penal federal de Ezeiza, donde permanece bajo un régimen de alto perfil.

La causa se tramita bajo el antiguo Código Procesal Penal porque se inició en 2023, a partir de una investigación derivada del intento de fuga de Ezeiza atribuido a Esteban Alvarado. En ese expediente se realizaron intervenciones telefónicas, vigilancias con drones y tareas de personal especializado sobre la presunta estructura.

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Según los elementos incorporados al legajo, padre e hijo fueron vinculados con una maniobra de contrabando de cocaína ocurrida el 10 de marzo de 2024, cuando se incautó en Paraguay un avión Cessna 206 que trasladaba 433 kilos de droga desde Bolivia. La acusación sostiene que el cargamento representó una pérdida de aproximadamente medio millón de dólares para Esteban Alvarado.

La investigación también describió una reposición posterior de la droga, concretada un mes más tarde mediante el traslado irregular de 300 kilos de cocaína que habrían sido descargados en una pista clandestina del Gran Rosario. El material atribuye el pago de esa operación a María Fernanda Rojas, señalada como presunta integrante de la organización y una de las 11 personas imputadas.

Además, a Santino Alvarado le atribuyeron presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con la compra de varios vehículos entre julio de 2023 y septiembre de 2026. Entre los automóviles mencionados figuran camionetas Hilux, Ranger Raptor, Amarok V6 y SW4, además de un Vento, un Gol Trend, un Cronos, un Nivus y una Honda XRE 300 Rally.

Las escuchas telefónicas incorporadas a la investigación también lo vincularían, siempre según la acusación, con ofrecimientos de armas de distinto tipo, entre ellas pistolas, fusiles, granadas y ametralladoras. El expediente analiza si esas comunicaciones reflejan una participación en el mercado ilegal de armamento.

El caso también incluye una línea relacionada con la barra brava de Rosario Central. Los investigadores creen que Santino Alvarado tuvo participación en su conducción después del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, ocurrido el 9 de noviembre de 2024, aunque luego habría tomado distancia de otros integrantes de la estructura conocida como Los Menores.

Entre las personas mencionadas en esa trama aparecen Matías Gazzani, señalado como líder y prófugo, Lisandro “Limón” Contreras y Ezequiel Riquelme. La causa deberá establecer el alcance de las responsabilidades atribuidas a cada uno y determinar también quién realizó la llamada amenazante al 911.

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