Inocencia Fiscal: El Gobierno impulsa nuevos pisos de evasión para las sesiones extraordinarias
El Congreso de la Nación debatirá en diciembre la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una normativa que busca transformar la relación entre los contribuyentes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La propuesta eleva sustancialmente los montos a partir de los cuales se considera delito la evasión tributaria y facilita la justificación de incrementos patrimoniales, integrando el paquete de reformas junto al Presupuesto 2026.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Poder Ejecutivo ha formalizado el llamado a sesiones extraordinarias legislativas, programadas entre el 10 y el 30 de diciembre. En la agenda sobresale la Ley de Inocencia Fiscal, proyecto que redefine los parámetros de la acción penal tributaria. La normativa propone una actualización sustancial de los montos mínimos para tipificar la evasión como delito, con el fin de adecuar la legislación a la realidad económica y limitar la estricta discrecionalidad fiscal.
La actividad parlamentaria retomará su ritmo antes de fin de año tras la confirmación oficial, por parte del portavoz Manuel Adorni, de la convocatoria a sesiones extraordinarias. El decreto firmado por el presidente Javier Milei establece un periodo de debate acotado, que se extenderá desde el 10 hasta el 30 de diciembre, con el objetivo de tratar un paquete de leyes de alto impacto para la administración central. Entre los expedientes que el oficialismo buscará aprobar haciendo valer su mayoría en la Cámara de Diputados, se encuentran el Presupuesto 2026, la reforma del Código Penal, la modernización laboral, el compromiso nacional para la estabilidad y la normativa sobre preservación de glaciares. Sin embargo, la atención del sector económico se centra en la Ley de Inocencia Fiscal.
Este proyecto, que ingresaría a tratamiento en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal hacia finales de la próxima semana, tiene como propósito fundamental modificar los criterios operativos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La intención del Gobierno es flexibilizar las herramientas con las que el organismo fiscalizador persigue las inconsistencias en las declaraciones juradas de los ciudadanos. De aprobarse, la normativa permitirá a los contribuyentes ampliar su patrimonio propio sin la obligación inmediata de brindar explicaciones formales sobre el origen de los fondos, facilitando el uso de divisas que se encontraban fuera del sistema financiero, coloquialmente referidas como «dólares bajo el colchón».
Nuevos umbrales de punibilidad y la creación de un Régimen Simplificado para el blindaje fiscal
El núcleo de la reforma radica en la actualización de los montos que determinan la intervención de la justicia penal en asuntos tributarios. La iniciativa propone elevar el piso de dinero no declarado necesario para configurar el delito de «evasión simple»: el límite pasaría de los actuales 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos. Este cambio implica que el Estado solo iniciará investigaciones penales cuando las discrepancias superen esa nueva cifra. Del mismo modo, para los casos catalogados como «evasión agravada», el umbral se incrementará drásticamente, pasando de 15 millones de pesos a 1.000 millones de pesos, reduciendo así la cantidad de litigios penales por deudas impositivas de menor cuantía.
La propuesta también contempla modificaciones en otros tipos delictivos tributarios. En lo referente a la falsificación de facturas o el uso indebido de beneficios fiscales, el piso para la penalización subirá igualmente de 1,5 millones a 100 millones de pesos. Por otra parte, respecto a la retención de impuestos —situación que involucra a agentes que cobran servicios y no giran los fondos al Estado—, el proyecto establece un nuevo mínimo de 10 millones de pesos. Adicionalmente, se introduce la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias. Este mecanismo ofrecerá a los contribuyentes que se adhieran un blindaje a futuro, eliminando la vigilancia sobre variaciones patrimoniales y consumos, siempre que posean un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos.
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