Controles privados, licencias rechazadas y preocupación por la continuidad laboral


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Desde noviembre, los docentes de las escuelas públicas porteñas son convocados a exámenes médicos obligatorios en centros privados. Los gremios cuestionan el procedimiento, advierten por posibles bajas laborales y señalan la falta de información oficial sobre sus consecuencias.

Infórmate en DiarioPampero.com – La medida incluye controles clínicos, psicológicos y de la voz, mientras crece la preocupación por el impacto sobre licencias, enfermedades laborales y cargos docentes.

El apto médico docente en la Ciudad comenzó a realizarse en centros privados contratados mediante Dienst Consulting, la empresa que también audita las licencias médicas de los trabajadores estatales porteños. Las citaciones se realizan en sedes ubicadas en Constitución y Palermo.

La convocatoria incluye exámenes clínicos, un test psicológico y una evaluación de la voz. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) difundió imágenes de docentes que esperaban en un espacio reducido del centro Healthy, dentro del estacionamiento del Alto Palermo, con demoras y condiciones que describieron como incómodas.

Los gremios sostienen que el procedimiento contradice el Estatuto Docente, que asigna los exámenes periódicos al Servicio Médico de la Ciudad. También expresan preocupación porque el Gobierno porteño dejó de contar con una ART y pasó a gestionar el sistema mediante una Unidad de Autoseguro dependiente de la Subsecretaría de Hacienda.

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Preocupación por los cargos

Desde noviembre, los docentes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires deben presentarse en los centros privados cuando son citados. Según el material difundido, ninguna de las notificaciones explica qué decisión puede adoptarse después de la evaluación ni cómo se informarán sus resultados.

Sofía Bonder, docente de una escuela de Parque Avellaneda, sostuvo que la medida genera miedo e incertidumbre. En declaraciones al medio que publicó la investigación, planteó que después de varios años de trabajo es posible que aparezcan problemas de salud, especialmente vinculados con la voz, y que no está claro si esas patologías podrían afectar la continuidad laboral.

Los gremios también cuestionan que la empresa contratada para los controles sea la misma que audita licencias médicas. Ademys afirmó que recibe denuncias por rechazos de licencias vinculadas con embarazos de riesgo, cuidado de familiares enfermos y enfermedades propias.

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De acuerdo con datos oficiales de 2025 citados en el informe, de 2.591 reclamos presentados por trabajadores a quienes se les había rechazado una licencia, en 1.843 casos la decisión fue revertida total o parcialmente. La Ciudad destina alrededor de 7.000 millones de pesos al servicio de auditoría, según una respuesta oficial mencionada en el material.

La preocupación se relaciona con el antecedente de Carlos Filomena, profesor de Educación Física con 23 años de trayectoria. Tras asumir un cargo de natación, fue informado de que figuraba sin apto médico y luego recibió una notificación sobre la baja contable de sus cargos por una hernia de disco que, según relató, nunca le había impedido trabajar.

La movilización de compañeros y familias frenó aquella baja. Una semana después, le comunicaron que se había tratado de un error y le otorgaron un apto con preexistencia. Filomena manifestó que teme que problemas vinculados con la voz sean considerados anteriores al trabajo, pese a que la disfonía y los nódulos en las cuerdas vocales de docentes figuran en el listado nacional de enfermedades profesionales.

La empresa Dienst obtuvo en junio un contrato por 9.620 millones de pesos para realizar exámenes de ingreso y controles periódicos de empleados porteños, incluidos los docentes. La adjudicación se produjo después de que otras dos oferentes fueran descartadas por no cumplir, según el material, con los requisitos del pliego.

El operativo se desarrolla en un contexto de reclamos salariales y laborales. Según los datos citados, en septiembre el sueldo inicial de una maestra de jornada simple era de 1.039.716 pesos, mientras que la línea de pobreza establecida por la Ciudad alcanzaba 1.651.798 pesos. Para septiembre y octubre, el Gobierno porteño había ofrecido un aumento del cero por ciento.

Ademys aseguró que más del 75% de los docentes encuestados en 2025 no pidió licencia por temor a que fuera rechazada. Los trabajadores también señalaron dificultades en la obra social ObSBA y el impacto del pluriempleo sobre la salud física, debido a la necesidad de tomar más de un cargo u otras actividades para completar los ingresos.

El Gobierno porteño fue consultado sobre la finalidad de la nueva resolución, pero no había respondido al cierre de la nota original. Mientras tanto, los sindicatos reclaman precisiones sobre los criterios de evaluación, el destino de los resultados y las garantías para que una enfermedad o una dolencia vinculada con el trabajo no derive en la pérdida de cargos.

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