Argentina denunció vuelos no autorizados a Malvinas y prepara un arbitraje por Sea Lion
El Gobierno argentino intimó al Reino Unido a detener en dos semanas las operaciones del proyecto Sea Lion y anunció sanciones contra una empresa británica por vuelos entre Malvinas y Punta Arenas.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Cancillería prepara un arbitraje internacional y evalúa recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos argentinos sobre la plataforma continental.
El Gobierno argentino intimó al Reino Unido a frenar en un plazo de dos semanas las operaciones de explotación hidrocarburífera del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y contempla iniciar un procedimiento de arbitraje internacional.
Además, el Ejecutivo denunció que la empresa THALES UK LIMITED realizó vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, mediante una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. Según el comunicado oficial, se ordenaron procedimientos sancionatorios y denuncias penales.
La delegación que viajó desde las islas estaba integrada por empresarios británicos que participaron en una ronda de negocios con proveedores chilenos. De acuerdo con la información difundida, el objetivo era avanzar en la creación de una ruta comercial entre el archipiélago y el sur de Chile.
El reclamo por los recursos
La Presidencia indicó que la Cancillería y los equipos jurídicos comenzarán las gestiones diplomáticas y legales para impedir, según la posición argentina, la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte. También pidió evitar cualquier medida que pueda agravar la disputa existente entre ambos países.
La intimación fue cursada formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Si Londres no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales destinadas a preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
El presidente Javier Milei sostuvo que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el arbitraje internacional por lo que definió como un “saqueo ilegal” de recursos a través del proyecto Sea Lion. También afirmó que la soberanía argentina sobre las islas se defiende mediante acciones concretas.
El comunicado oficial rechazó la respuesta británica a los dichos de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Gobierno argentino sostuvo que la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum de 2013 no modifican la existencia de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
La posición argentina sostiene que la controversia debe resolverse mediante negociaciones bilaterales. Para respaldar ese planteo, el Ejecutivo citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoció la disputa de soberanía, y la Resolución 31/49, que exhortó a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras continúe el proceso.
Según el Gobierno, la explotación de recursos naturales en el área cuestionada contradice esas resoluciones y puede provocar un perjuicio irreversible para los derechos soberanos argentinos. El marco jurídico invocado también incluye la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La Convención establece que la plataforma continental de un Estado ribereño se extiende más allá del mar territorial siguiendo la prolongación natural de su territorio y puede alcanzar hasta 350 millas marinas desde las líneas de base. Argentina considera que los yacimientos de Sea Lion, ubicados a 220 kilómetros al norte del archipiélago, se encuentran dentro de su jurisdicción soberana.
El proyecto es impulsado por un consorcio integrado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel. De acuerdo con cálculos de autoridades británicas, la explotación podría generar alrededor de 2.000 millones de dólares en regalías durante un período de 30 años.
La escalada diplomática se produce en un contexto de tensión creciente. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó al diario The Sun on Sunday que el Reino Unido está preparado para defender militarmente las islas, aunque aclaró que no prevé un conflicto armado.
Londres también confirmó que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, con mayor capacidad operativa, hacia fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico señaló que la renovación estaba prevista antes del actual aumento de las tensiones.
En el plano judicial argentino, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar para que las empresas petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto.
En paralelo, la Cancillería avanza en conversaciones con Estados Unidos para que Washington evalúe una eventual mediación. Esa alternativa, de acuerdo con la información difundida, requeriría la aceptación del Reino Unido.
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