El recorte del 57% en salud sexual habría reducido la cobertura anticonceptiva desde 2024
Un informe de CEDES señaló que el gasto estatal en salud sexual y reproductiva cayó 57% desde 2023. El reporte también proyectó una fuerte baja en la cobertura anticonceptiva y advirtió sobre desigualdades entre provincias en el acceso al aborto legal.
Infórmate en DiarioPampero.com – El relevamiento analizó presupuesto, métodos anticonceptivos, interrupciones del embarazo y barreras de acceso en el sistema público durante 2025.
El gasto realizado por el Estado argentino en salud sexual y reproductiva cayó un 57% desde 2023, según el informe anual de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y difundido en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
De acuerdo con el reporte, la reducción alcanzó al programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable y estuvo acompañada por una disminución en la cantidad de métodos anticonceptivos adquiridos por el Estado. La estimación indica que las mujeres protegidas podrían pasar de 1,2 millones en 2024 a 63.000 durante 2026.
Los autores proyectaron que los cambios en la cobertura anticonceptiva implicarían 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales. A partir de esa modelización, estimaron 240.000 embarazos no intencionales adicionales y 112.000 abortos que podrían haberse evitado.
Proyecciones y acceso desigual
El informe también estimó 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales potencialmente evitables. CEDES aclaró que se trata de proyecciones realizadas a partir de los cambios en la cobertura anticonceptiva, y no de muertes o abortos registrados como consecuencia directa de los recortes.
En paralelo, el relevamiento contabilizó 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en 20 provincias durante 2025, dentro del subsector público. La cifra no mostró cambios significativos respecto de 2024 en esas mismas jurisdicciones.
La tasa estimada fue de 7,45 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente igual a la registrada en 2023, cuando alcanzó 7,49. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba concentraron el 72% de las interrupciones informadas.
El reporte advirtió, sin embargo, sobre diferencias en la disponibilidad de insumos. Según el documento, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación discontinuara la compra de medicamentos para los servicios de aborto, 13 provincias continuaron garantizando el acceso con presupuesto propio.
Durante 2025 había 1.846 efectores del sistema público que garantizaban el acceso a la IVE/ILE. La mayoría de los procedimientos se realizó con medicamentos y, en 11 provincias, al menos el 90% de las interrupciones se efectuó hasta las 12 semanas de gestación.
Los investigadores también registraron barreras para acceder a la información. Solo seis jurisdicciones contaban con un teléfono gratuito, WhatsApp o correo electrónico específico para consultas sobre interrupciones voluntarias y legales del embarazo.
En la línea nacional 0800SaludSexual, las consultas vinculadas con interrupciones del embarazo representaron el 94% de las llamadas. La mayoría correspondió a personas que informaron dificultades para acceder a los servicios.
El reporte fue elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública realizados a autoridades sanitarias provinciales y nacionales, complementados con otras fuentes públicas. Los datos sobre abortos corresponden a 20 provincias y no incluyen al sector privado ni a las obras sociales.
El Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro se conmemora cada 28 de septiembre desde 1990 para visibilizar las barreras que enfrentan las personas que buscan acceder a una interrupción del embarazo y reclamar su despenalización y legalización.
En Argentina, la Ley 27.610 entró en vigencia en 2021 y permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El informe de Proyecto Mirar analizó el funcionamiento del acceso público en un contexto de reducción del gasto y provisión desigual de insumos.
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