Londres cuestionó el arbitraje argentino por el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
Argentina inició un arbitraje internacional contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, y reclamó su suspensión. Reino Unido convocó a la embajadora Mariana Plaza y advirtió que la medida afecta la relación bilateral, mientras Rockhopper mantiene su objetivo de comenzar la extracción en 2028.
Infórmate en DiarioPampero.com – La disputa suma una instancia judicial, nuevas advertencias diplomáticas y un cronograma empresario que Londres y las autoridades isleñas respaldan.
La tensión entre Argentina y Reino Unido por Malvinas aumentó luego de que el Gobierno argentino notificara el inicio de un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Buenos Aires dio a Londres un plazo de dos semanas para detener el proyecto Sea Lion o afrontar una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
En respuesta, el Foreign Office convocó a la embajadora argentina Mariana Plaza. La subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran sostuvo, según informó el Gobierno británico, que la decisión argentina plantea interrogantes sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido y calificó la iniciativa como un intento de afectar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las islas.
La Cancillería argentina rechazó esas críticas y defendió el recurso a la justicia internacional como una vía responsable para resolver la controversia. El canciller Pablo Quirno aclaró que el arbitraje busca discutir la explotación unilateral de hidrocarburos y no resolver la disputa de soberanía sobre el archipiélago.
El proyecto petrolero en disputa
Rockhopper confirmó que mantiene su planificación para obtener el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028. Su director ejecutivo, Sam Moody, indicó en un informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres que la compañía está financiada hasta el inicio de la producción y que la presión política y mediática no modificó el cronograma.
La empresa informó que recaudó 180 millones de dólares mediante una colocación de acciones y otros 20 millones a través de una oferta abierta. Según el documento, esa operación superó el 118% de las suscripciones disponibles.
Sea Lion se desarrolla a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto y Rockhopper conserva el 35% restante. Las reservas estimadas alcanzan los 1.700 millones de barriles.
La primera etapa contempla 11 pozos y una plataforma flotante con capacidad de producir hasta 55.000 barriles diarios. Las fases posteriores prevén elevar el volumen hasta 200.000 barriles por día hacia 2030, de acuerdo con la planificación difundida por las compañías.
La presión argentina sobre las empresas
El Gobierno argentino intensificó sus medidas contra las compañías vinculadas con la actividad hidrocarburífera en las islas. El 3 de septiembre, Javier Milei advirtió que las empresas que participaran del proyecto quedarían excluidas de operar en la Argentina, en una referencia al acceso a Vaca Muerta.
Al día siguiente, Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes comunicaron que no participarían en proyectos de hidrocarburos en las islas ni en los espacios marítimos cercanos. Tras esos anuncios, las acciones de Rockhopper cayeron un 6,3% en Londres y las de Navitas retrocedieron más de un 2% en Tel Aviv.
Quirno informó además el envío de unas 180 notificaciones a empresas relacionadas con el petróleo en las islas. La Cancillería presentó al menos tres denuncias penales ante tribunales argentinos contra diez compañías y sus directivos.
El Ejecutivo también remitió al Congreso un proyecto de ley que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes extraigan recursos en el área sin autorización argentina. La iniciativa comenzó a ser tratada durante el seminario de políticas oceánicas realizado en Buenos Aires.
El 16 de septiembre, la jueza federal Mariel Borruto dictó una medida cautelar para que Navitas y Rockhopper detuvieran las perforaciones hasta que las autoridades ambientales argentinas pudieran expedirse. La resolución señaló que su cumplimiento depende de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas.
El próximo paso ante la justicia internacional
El plazo de dos semanas fijado por el Gobierno argentino vence a mediados de octubre. Si Reino Unido no suspende el proyecto, Argentina anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales.
Ese mecanismo está previsto en la Convemar y permite que el tribunal adopte órdenes de emergencia mientras se constituye el tribunal arbitral del Anexo VII, un proceso que puede extenderse durante varios meses.
El caso presenta, sin embargo, diferencias respecto de otros antecedentes argentinos. La Convemar regula los espacios marítimos, pero no define la titularidad territorial, mientras que la soberanía sobre las Islas Malvinas permanece en disputa.
Además, al ratificar la Convemar, Argentina declaró que no acepta determinados procedimientos obligatorios para controversias vinculadas con delimitaciones marítimas y títulos históricos. Reino Unido podría utilizar esa declaración como parte de su defensa.
Londres ya sostuvo que las actividades de Sea Lion se realizan en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la Convemar. La posición británica anticipa que el conflicto jurídico estará atravesado por la discusión sobre el alcance del tratado y sus excepciones.
La agenda oceánica argentina
La escalada coincidió con un seminario de políticas oceánicas realizado en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro fue organizado por la Cancillería, el gobierno porteño y el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Cooperación.
Participaron representantes de la Armada, la Prefectura Naval, el Servicio de Hidrografía Naval, provincias con litoral marítimo, autoridades portuarias, sectores productivos y especialistas académicos.
El embajador Javier Figueroa, coordinador de Políticas Oceánicas y Atlántico Sur de la Cancillería, señaló que la disputa de soberanía tiene efectos sobre aproximadamente el 40% de los espacios marinos argentinos.
Figueroa también mencionó la situación de la denominada milla 201, donde operan entre 400 y 500 buques pesqueros por año sin un marco normativo multilateral. Según explicó, la posición británica limita la posibilidad argentina de avanzar en mecanismos de regulación pesquera más allá de la milla 200.
El diplomático indicó que la agenda incluye la regulación de la plataforma continental, el combate contra la pesca ilegal y la coordinación con Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador en organismos internacionales.
Durante la apertura del encuentro, Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, reafirmó la posición argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El funcionario vinculó esa postura con el reconocimiento internacional del límite exterior de la plataforma continental argentina y destacó el trabajo técnico y diplomático desarrollado durante décadas.
La respuesta política en Londres
La advertencia diplomática británica fue acompañada por declaraciones parlamentarias. El diputado Andrew Rosindell pidió rechazar el reclamo argentino y sostuvo que el Reino Unido no debe ceder ante presiones extranjeras respecto de su población, su soberanía o su territorio.
Rosindell también recordó que en el referéndum de 2013 el 99,8% de los habitantes de las islas votó por permanecer bajo soberanía británica. Esa consulta es utilizada por Londres como argumento político para defender la posición de los isleños.
El desarrollo del conflicto dependerá ahora de la respuesta británica al reclamo argentino y de los pasos que adopte Buenos Aires cuando venza el plazo de octubre. Mientras tanto, Rockhopper mantiene su calendario y Reino Unido sostiene que el proyecto petrolero cumple con el derecho internacional.
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