Atentado contra Cristina Kirchner: condenaron a Fernando Sabag Montiel a 14 años y Brenda Uliarte a 8 años de prisión efectiva
En un fallo que cierra un extenso proceso judicial, el Tribunal Oral Federal 6 ha sentenciado a Fernando Sabag Montiel a 14 años de prisión por intento de homicidio agravado con arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y tenencia de material de explotación sexual infantil. Su pareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años como partícipe necesaria en el ataque del 1 de septiembre de 2022 contra la expresidenta Cristina Kirchner, ocurrido frente a su domicilio en Recoleta. Nicolás Carrizo, acusado de liderar la banda, fue absuelto tras tres años de detención.
El Tribunal Oral Federal 6 ha emitido sentencias que marcan el cierre de un juicio prolongado por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, con penas de 14 y 8 años para los principales acusados. Este fallo, tras más de un año de audiencias y 157 testigos, no solo impone justicia por los hechos de 2022, sino que invita a reflexionar sobre la seguridad de figuras públicas en contextos de alta polarización. Descubre los detalles de las reacciones, el desarrollo del proceso y el trasfondo del atentado que sacudió al país, en un relato que profundiza en las implicancias para la democracia argentina.
El Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal ha dictado sentencia en el caso que investigó el intento de asesinato perpetrado contra la expresidenta Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022. En una audiencia cargada de expectación, Fernando Sabag Montiel, identificado como el autor material del acto, recibió una pena unificada de 14 años de prisión. Esta condena agrupa los cargos por intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación sin autorización de un arma de guerra y la tenencia de material relacionado con la explotación sexual infantil. Por su parte, Brenda Uliarte, pareja sentimental de Sabag Montiel y considerada partícipe necesaria en la planificación y ejecución, fue sentenciada a 8 años de cumplimiento efectivo.
El proceso judicial, que se extendió por más de un año desde su inicio en junio de 2024 en los tribunales de Retiro, involucró a 157 testigos que aportaron testimonios clave para reconstruir la secuencia de eventos. La fiscalía había requerido 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte, mientras que la querella, representando los intereses de la víctima, solicitó 15 años para cada uno. Las penas impuestas quedaron por debajo de esas pretensiones, pero representan un cierre parcial al debate oral que capturó la atención de la sociedad argentina. Nicolás Gabriel Carrizo, quien había sido señalado como el presunto líder de una supuesta banda denominada «Los Copitos» y permaneció tres años bajo prisión preventiva, obtuvo la absolución total. Su liberación se produce tras un análisis exhaustivo de las pruebas, que no lograron vincularlo directamente con los hechos.
La sesión final del juicio transcurrió en un ambiente de marcada tensión, donde cada imputado tuvo oportunidad de expresar sus posiciones ante los jueces. Brenda Uliarte decidió no pronunciar palabra alguna, optando por un silencio que contrastó con la dinámica de la sala. Fernando Sabag Montiel, en cambio, utilizó su turno para extender sus declaraciones más allá del caso en cuestión, aludiendo a otras investigaciones judiciales y defendiendo públicamente al diputado Gerardo Milman, del bloque PRO, a quien describió como víctima de una persecución política.
La jueza intervinó rápidamente para limitar sus intervenciones, recordándole que el ámbito de la audiencia se restringía estrictamente al expediente en debate. Nicolás Carrizo, visiblemente afectado, manifestó su frustración por el tiempo transcurrido en detención sin cargos formales consolidados, calificando la experiencia como un abuso del sistema y demandando que figuras de mayor influencia enfrenten situaciones similares.
Reacciones en la audiencia y el camino hacia los fundamentos
Los fundamentos detallados de la sentencia se darán a conocer el próximo 9 de diciembre, fecha en la que se expondrán las consideraciones jurídicas que sustentan cada decisión. Este anuncio abre la puerta a recursos de apelación por parte de las defensas y, potencialmente, de la fiscalía, lo que podría prolongar el trámite en instancias superiores. El veredicto no solo resuelve las responsabilidades individuales de los condenados, sino que también deja en evidencia las complejidades de un caso que involucró elementos de seguridad nacional y polarización social. Mientras Sabag Montiel y Uliarte inician el cumplimiento de sus penas, el expediente podría reactivarse si emergen nuevas evidencias sobre posibles autores intelectuales o redes de apoyo que no han sido exploradas en profundidad hasta el momento.
Para contextualizar el fallo, resulta esencial repasar la cronología del atentado que desencadenó todo este proceso. La noche del 1 de septiembre de 2022, Cristina Kirchner se encontraba en la puerta de su departamento en el barrio de Recoleta, sobre la intersección de Juncal y Uruguay. Allí, un grupo de manifestantes se había congregado para brindar apoyo público en el marco del tramo final del juicio oral por la causa Vialidad, un expediente que culminó con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la líder política. En ese escenario de adhesión popular, donde firmaba libros y saludaba a sus seguidores, Sabag Montiel se aproximó entre la multitud y, a escasos centímetros de su cabeza, apuntó con una pistola Bersa calibre 22. El gatillo fue accionado, pero el arma falló al no tener una bala en la recámara, evitando así una tragedia inmediata.
La reacción colectiva fue inmediata: militantes presentes detuvieron al agresor en el acto y lo entregaron a las fuerzas de seguridad. Ese momento de caos inicial dio paso a una investigación exhaustiva que reveló la participación de Uliarte en la adquisición del arma y en aspectos logísticos del plan. El incidente, ocurrido en un contexto de tensiones políticas elevadas, subrayó las vulnerabilidades inherentes a la protección de altos funcionarios en espacios públicos. Con el juicio concluido en su fase principal, el caso establece precedentes en la jurisprudencia argentina respecto al manejo de amenazas contra representantes electos, aunque persisten debates sobre la amplitud de la pesquisa y la necesidad de indagar conexiones más amplias.
Cristina Kirchner, en declaraciones posteriores al atentado, enfatizó la dimensión colectiva del hecho, vinculándolo a un clima de hostilidad que trasciende a un solo individuo. El desarrollo del proceso judicial, con su vasto despliegue de pruebas periciales, testimonios de testigos presenciales y análisis forenses del arma involucrada, ha permitido una reconstrucción minuciosa de los preparativos y la ejecución frustrada. Ahora, con las condenas en vigor, el foco se desplaza hacia las apelaciones y hacia medidas preventivas que fortalezcan la integridad del sistema democrático frente a actos de violencia política.
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