Atentado contra la Sociedad Rural Argentina: dudas sobre la vinculación del detenido y su inusual perfil
El atentado contra la Sociedad Rural Argentina (SRA), que involucró el envío de paquetes explosivos dirigidos a su presidente Nicolás Pino y al vicepresidente Marcos Pereda, ha generado una serie de interrogantes en torno a la identidad y la responsabilidad del principal sospechoso detenido por el caso.
El detenido, Alberto Santiago Soria, de 40 años, fue arrestado el pasado viernes tras un allanamiento en su domicilio, ubicado en la intersección de Juan B. Justo y Chivilcoy, en la Ciudad de Buenos Aires. Soria, agente inmobiliario de profesión, fue identificado como el principal sospechoso tras un minucioso análisis de cámaras de seguridad y rastreo de tarjetas SUBE utilizado para trazar sus movimientos. Este análisis incluyó un estudio antropométrico que comparó las imágenes captadas por las cámaras con las características físicas de Soria, lo que inicialmente resultó en su identificación.
Dudas en la investigación
A pesar de la evidencia que condujo a su detención, el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del caso, ha expresado dudas sobre la verdadera implicación de Soria en el atentado. Según fuentes cercanas al magistrado, la identidad de Soria y su presunto rol como autor intelectual del ataque no parecen encajar con el perfil esperado para alguien capaz de planificar y ejecutar un atentado de esta naturaleza.
Además, se conoció que Soria tiene un antecedente penal de 2017 relacionado con «amenazas antisemitas anónimas», una causa que actualmente se encuentra en la Fiscalía Penal número 5 de la Ciudad, bajo la dirección de Miguel Kessler. Sin embargo, este antecedente, aunque relevante, no parece ser suficiente para confirmar su responsabilidad en el ataque reciente.
Soria, por su parte, ha negado toda implicación en el envío del explosivo que hirió levemente a Pamela Sousa, secretaria de Nicolás Pino, quien fue la que abrió uno de los paquetes. El otro paquete, dirigido a Marcos Pereda, fue desactivado a tiempo por la Brigada de Explosivos de la Policía de la Ciudad, evitando mayores daños.
La investigación continúa
A raíz de estas dudas, el juez Rafecas ha ordenado el secreto de sumario en la causa y ha solicitado una serie de pericias adicionales para analizar el material del explosivo, así como los daños y las posibles intenciones detrás del atentado. La investigación, que cuenta con la colaboración de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, sigue abierta, y las autoridades están trabajando para determinar si Soria actuó solo o si hay otros implicados en el ataque.
Este atentado ha puesto en alerta no solo a la Sociedad Rural Argentina, sino también a otras instituciones, que han manifestado su preocupación por la seguridad en un contexto de creciente tensión social y política. La comunidad sigue de cerca el desarrollo de esta investigación, a la espera de que se esclarezca quién está realmente detrás de este ataque y cuáles fueron sus motivaciones.
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