La denuncia por abusos en un operativo en la UNCAus de Chaco fue reabierta por Casación
La Cámara Federal de Casación Penal anuló por unanimidad el cierre de una denuncia presentada por la Universidad Nacional del Chaco Austral contra un operativo de Gendarmería realizado en diciembre de 2024. El expediente deberá volver al tribunal de origen para producir pruebas y establecer si hubo excesos.
Infórmate en DiarioPampero.com – La resolución cuestionó que la investigación fuera desestimada sin analizar testimonios y otras medidas solicitadas por la universidad, que denunció restricciones, presencia de agentes armados y posibles afectaciones a su autonomía.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir una investigación por un operativo en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), realizado por efectivos de Gendarmería Nacional el 9 de diciembre de 2024 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala I, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los magistrados anularon una resolución que había desestimado la denuncia presentada por el rector de la institución, Germán Eduardo Oestmann.
Según informó la resolución, el expediente deberá regresar al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento. Casación consideró que las irregularidades denunciadas no podían descartarse sin una mínima producción de pruebas.
Qué denunció la universidad
La presentación sostuvo que una orden judicial destinada a obtener documentación administrativa de la obra social universitaria ISSUNCAus habría sido ejecutada con medidas que excedieron el alcance del requerimiento. Entre los hechos denunciados se mencionaron la presencia de agentes armados, restricciones a la circulación y el cierre con llave de oficinas.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, los efectivos se presentaron cerca del mediodía en la sede de la UNCAus para cumplir una orden de presentación de documentación vinculada con la obra social, en el marco del expediente FRE 5122/2024.
La asesora legal de la Fundación UNCAus, Anahí Belén Cuevas, habría solicitado una copia de la orden para conocer el alcance del pedido y los plazos de entrega. Según la denuncia, los agentes se negaron inicialmente a entregar ese documento y comunicaron que permanecerían en el lugar hasta reunir la documentación.
Luego, los uniformados se dirigieron a las oficinas de ISSUNCAus. La universidad afirmó que ingresaron armados, cerraron las puertas con llave y limitaron el acceso mientras el personal administrativo reunía los documentos solicitados.
Ante esa situación, Cuevas convocó a la escribana Natasha Ostapczuk para dejar constancia de lo ocurrido. Según consta en la presentación, ambas intentaron ingresar a las dependencias, pero se les indicó que debían pedir autorización a la auxiliar fiscal Pamela Michlig. Esa autorización habría sido rechazada.
El fallo mencionó la participación de cuatro integrantes de Gendarmería, al menos dos de ellos armados. También consignó que a un afiliado de la obra social se le habría impedido ingresar cuando intentó realizar una consulta.
El operativo finalizó alrededor de las 15.20, cuando los agentes se retiraron con la documentación requerida. Para las autoridades universitarias, una orden de presentación de documentos terminó adquiriendo características de allanamiento, sin una autorización específica para aplicar medidas coercitivas de ese tipo.
Oestmann denunció a Michlig y a personal de Gendarmería, entre ellos el sargento Gerardo Díaz y Facundo Nievas. La presentación incluyó posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, aunque la sentencia de Casación no atribuyó responsabilidades penales.
La denuncia había sido desestimada por la Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña en noviembre de 2025, luego de un dictamen del Ministerio Público Fiscal que sostuvo que no existían elementos suficientes para impulsar una acusación. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó esa decisión en febrero de 2026.
Los tribunales inferiores habían considerado que el procedimiento estaba documentado en un acta oficial y que la medida no había sido impugnada dentro de la causa que la había ordenado. Slokar cuestionó ese razonamiento y sostuvo que la falta de un planteo de nulidad no alcanzaba para descartar una posible conducta delictiva.
El magistrado también objetó que se otorgara un valor decisivo a un acta elaborada por los mismos funcionarios denunciados. En su voto, sostuvo que los fundamentos utilizados para cerrar el caso eran insuficientes y que resultaba necesario realizar, al menos, una investigación probatoria inicial.
Petrone coincidió con ese criterio y señaló que la decisión había impedido a la universidad ejercer sus facultades como querellante. También recordó que una querella puede impulsar una investigación aunque el Ministerio Público Fiscal solicite su desestimación.
El camarista observó además que la universidad había propuesto testimonios y otras medidas que no llegaron a realizarse. Barroetaveña acompañó los argumentos de Petrone y completó la decisión unánime de la Sala I.
La Constitución Nacional reconoce la autonomía y la autarquía de las universidades en el artículo 75, inciso 19. Esa garantía, desarrollada por la Ley de Educación Superior, protege el autogobierno y la administración de las instituciones académicas, aunque no las excluye del control judicial.
La sentencia no declaró ilegal la orden original ni concluyó que se hubiera afectado la autonomía universitaria. La resolución se limitó a establecer que una orden judicial válida no convierte automáticamente en legales todos los actos realizados durante su ejecución.
El expediente volverá ahora al tribunal de origen. Allí deberá dictarse una nueva resolución y determinarse, a partir de las pruebas que correspondan, si la actuación de los funcionarios se ajustó a las facultades conferidas por la Justicia o si existieron excesos con eventual relevancia penal.
Te puede interesar…
Vecinos interrumpieron la Ruta 151 y reclaman obras urgentes entre 25 de Mayo y Catriel Vecinos de 25 de Mayo...
Vecinos de General Pico controlaron el incendio de un auto antes de que se propagara Un desperfecto eléctrico provocó un...
La UNLPam cubrirá los servicios de sus residencias estudiantiles en Santa Rosa y General Pico El Consejo Superior de la...
Milei cuestionó en España el concepto de no llegar a fin de mes agrediendo a un periodista español El presidente...