Caso del bebé de Rancul: la comisión investigadora revisará los procedimientos administrativos
La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa convocó a funcionarios, equipos técnicos y policías por el caso del bebé de Rancul, para revisar los procedimientos administrativos vinculados con su entrega y posterior retiro.
Infórmate en DiarioPampero.com – Las comparecencias se realizarán el martes 20 y miércoles 21, luego de incorporar respuestas oficiales y registros audiovisuales del operativo.
La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa convocó a declarar a funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia por el caso del bebé de Rancul. El objetivo es determinar si existieron irregularidades en los procedimientos administrativos relacionados con la entrega y el posterior retiro del niño.
El cuerpo legislativo informó que ya recibió las respuestas a los pedidos de información realizados a los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud. También incorporó material audiovisual y fílmico de los hechos ocurridos el 7 de septiembre de 2026, solicitado formalmente a un medio de comunicación.
Las comparecencias fueron previstas para los días martes 20 y miércoles 21, de acuerdo con el cronograma que establezca la comisión. En esta etapa también fueron convocados integrantes de equipos técnicos y personal policial que intervino respecto de la familia de contención y participó del procedimiento del día del egreso.
La investigación legislativa
La investigación se originó a partir del conflicto protagonizado por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la familia de contención de Rancul que reclama la adopción del bebé que tuvo bajo su cuidado. La pareja se presentó ante la comisión y denunció presuntas irregularidades atribuidas a funcionarios del Gobierno y de la Justicia.
La comisión aclaró que su intervención se concentra en los procedimientos administrativos vinculados con la entrega y el retiro del niño, y no en el proceso judicial de adopción. Su tarea consiste en establecer si existieron irregularidades administrativas o institucionales en la actuación de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde determinar responsabilidades.
El bebé llegó a la familia el 20 de marzo de 2026, cuando tenía dos meses, a través del programa de Familias de Contención. Se trataba de una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, Díaz y Pizzani firmaron un acta en la que aceptaron las condiciones del programa, incluida la imposibilidad de convertirse en adoptantes del niño.
El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y solicitó al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos el listado de familias en condiciones de iniciar el proceso. La pareja pidió que el niño permaneciera con ellos y solicitó la guarda con fines de adopción, pero esos planteos fueron rechazados en distintas instancias judiciales.
El 7 de septiembre, la familia debía entregar al bebé. Según la información difundida, se presentó en la Dirección de Niñez y manifestó que no lo entregaría. Luego fue demorada por la Policía en Castex cuando intentaba dirigirse hacia Rancul. Finalmente regresó a Santa Rosa y el niño fue entregado, después de las 18.30, a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.
Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno sostuvo, en cambio, que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la decisión judicial y que se procuró generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.
La comisión está integrada por Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara. Con la convocatoria de funcionarios, equipos técnicos y policías, el cuerpo legislativo busca completar la información reunida y obtener aclaraciones sobre las decisiones y actuaciones desarrolladas durante el procedimiento.
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