La Justicia procesó a Spagnuolo y amplió la investigación por insumos médicos
El juez federal Ariel Lijo amplió los procesamientos en la causa ANDIS, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de medicamentos e insumos médicos. La pesquisa estima diferencias de precios superiores a $7.833 millones.
Infórmate en DiarioPampero.com – La resolución alcanzó a funcionarios, empresarios y personas vinculadas con proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El juez federal Ariel Lijo dispuso un nuevo procesamiento para Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en contrataciones del organismo.
La resolución, dictada en forma interina por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, procesó sin prisión preventiva a 19 personas y amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban vinculadas al expediente.
Según informó la resolución, la causa examina contrataciones de medicamentos e insumos médicos y ortopédicos realizadas mediante el Programa Incluir Salud. La estimación provisoria de diferencias de precios asciende a $7.833.872.357,24.
La nueva etapa de la investigación
La decisión amplió las imputaciones contra Diego Orlando Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados en la investigación como jefes de la asociación ilícita. También alcanzó a Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de esa estructura.
Todos habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, en una resolución que luego fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal. La nueva decisión extendió la atribución de responsabilidades a maniobras vinculadas con contrataciones del rubro insumos.
De acuerdo con el expediente, los delitos investigados incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.
En algunos casos, la Justicia también consideró hechos que podrían constituir lavado de activos agravado, en relación con la presunta canalización y circulación de fondos provenientes de las maniobras investigadas.
La resolución alcanzó además a empresarios y personas relacionadas con distintas firmas proveedoras de la ANDIS. Entre los nombres mencionados figuran Emilio César Olguín, vinculado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella, relacionados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; y Claudio Alejandro Kahn, asociado a Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.
También fueron procesados Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L.; Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, relacionados con distintas sociedades del Laboratorio Ortopédico Sagués; Humberto Gabriel Maone, asociado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, vinculado con Meridius S.A.; y Fabián César Piedimonte, relacionado con Neurosalud S.A.
La nómina incluye además a Gustavo David Bernat, relacionado con Ortopedia Bernat S.R.L., y Patricio Oscar Acosta, vinculado, entre otras firmas, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
La Justicia también procesó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, a quienes la investigación atribuye funciones dentro de la estructura administrativa del organismo, como la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo del expediente fueron procesados Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir del análisis de circuitos financieros y comerciales vinculados con Miguel Ángel Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. Asimismo, Lautaro Valentín Brítez fue procesado como miembro de la asociación ilícita.
Al mismo tiempo, el juez dictó la falta de mérito para 11 personas que habían sido indagadas. Esa decisión implica que la investigación deberá profundizarse antes de definir su situación procesal.
La pesquisa examinó procedimientos de adquisición correspondientes a seis segmentos del rubro insumos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología.
Según un relevamiento técnico del Ministerio de Salud citado en la resolución, se identificaron diferencias de precios de al menos $1.849.277.963 en determinadas operaciones de insumos. Ese monto se sumó a los $5.984.594.394,24 calculados previamente para el rubro medicamentos.
La cifra conjunta, de acuerdo con el expediente, es provisoria y parcial, ya que fue construida a partir de las operaciones que pudieron ser comparadas con valores de referencia.
La resolución sostiene que las pruebas reunidas permiten considerar, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, con participación de funcionarios, operadores externos, empresarios y personas encargadas de recibir o canalizar fondos.
El pronunciamiento describe una presunta operatoria basada en la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos a favor de determinadas empresas.
La investigación también analiza si esas prácticas se repitieron en distintos segmentos y si existió una coordinación sostenida entre funcionarios, operadores y empresas proveedoras. La resolución aclara que la responsabilidad debe determinarse individualmente para cada una de las personas involucradas.
La reconstrucción del caso tomó en cuenta comunicaciones, operaciones económicas y contrataciones gestionadas mediante el sistema SIIPFIS. La Sala II de la Cámara Federal había señalado previamente que fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos se habrían definido por fuera de los mecanismos legítimos.
La causa ANDIS continúa así con nuevas definiciones procesales mientras la Justicia avanza sobre la documentación administrativa, los circuitos financieros y los vínculos entre los funcionarios investigados y las empresas proveedoras.
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