Citación en Comodoro Py: Audiencia Clave sobre el Protocolo Antipiquetes
En una nueva instancia judicial que marca el rumbo del controvertido protocolo de mantenimiento del orden público implementado por el gobierno nacional, el juez federal Sebastián Casanello ha citado a autoridades del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y a la legisladora porteña Celeste Fierro del Frente de Izquierda, para una audiencia de hábeas corpus.
La audiencia está programada para mañana a las 11 de la mañana en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. Desde el Frente de Izquierda han anunciado su participación en conjunto con organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y asambleas barriales, para llevar a cabo una concentración con radio abierta en las inmediaciones del juzgado.
Previamente, a las 10 de la mañana, la legisladora Celeste Fierro brindará una conferencia de prensa donde se propone «denunciar la ilegalidad del protocolo represivo e informar sobre la jornada», según informaron fuentes partidarias. La audiencia se presenta como un momento crucial, donde se espera que se resuelva el destino del cuestionado protocolo de Bullrich, considerado por algunos como una herramienta que vulnera los derechos constitucionales a la protesta.
Fierro, en relación a la audiencia, destacó la importancia de este paso en la lucha contra el protocolo, subrayando su supuesta inconstitucionalidad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe manifestándose en las calles tanto contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) como contra las medidas de ajuste. Paralelamente, instó a la acción judicial para que no solo limite el protocolo, sino que lo suspenda, argumentando que viola el derecho constitucional a la protesta, así como otros derechos y libertades democráticas.
En el contexto de la acción judicial iniciada por Fierro el pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Seguridad ha defendido la legitimidad de la Resolución 943/2023, que estableció la implementación del protocolo. En respuesta a la misma, el juez Casanello ha solicitado que la cartera de Seguridad «adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos» por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Este pedido se encuentra enmarcado dentro de la citación a una audiencia que se espera arroje luz sobre el futuro de esta polémica medida gubernamental.
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