El Gobierno mantiene en secreto militar datos del nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas
El Gobierno de Javier Milei declaró secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. El Decreto 1205/2026 no informa materiales, montos ni proveedores, y fue firmado en medio de la tensión diplomática con el Reino Unido por las Islas Malvinas.
Infórmate en DiarioPampero.com – La medida habilita a Defensa a tramitar la operación sin publicar las actuaciones, bajo el régimen previsto por una norma de 1963.
El Gobierno nacional clasificó como secreto militar una nueva adquisición de equipamiento destinada a las Fuerzas Armadas. La decisión fue establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. El texto no precisa qué materiales serán incorporados, cuáles serán las cantidades involucradas, quiénes serán los proveedores ni cuál será el costo de la operación.
La medida se conoce en medio de la tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Según el decreto, las operaciones contractuales vinculadas con la compra quedarán exceptuadas de las obligaciones habituales de publicidad y difusión oficial.
Qué establece el decreto
El Decreto 1205/2026 declara secreto militar, en los términos del Decreto 9390/63, a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.
La disposición faculta al Ministerio de Defensa a instrumentar la medida a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa. También permite que las reparticiones contratantes avancen con los expedientes sin cumplir la obligación general de publicar las actuaciones.
El régimen invocado contempla la reserva de información relacionada con la preparación y el despliegue del instrumento militar. Su alcance incluye compras, fabricación, obras de infraestructura y otras gestiones consideradas estratégicas.
El texto oficial indica que, una vez declarado el secreto militar, los organismos contratantes deben continuar con los trámites necesarios para adquirir el material y quedan exceptuados de las normas sobre publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Se trata del quinto decreto de estas características dictado durante la actual gestión. Las normas anteriores estuvieron vinculadas principalmente con la incorporación de aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca.
Los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24 abarcaron contratos de reacondicionamiento, infraestructura edilicia y logística complementaria gestionados mediante el programa Foreign Military Sales de Estados Unidos. El Decreto 735/26 protegió la salida temporal de componentes de esas aeronaves para tareas de mantenimiento técnico.
A diferencia de aquellas normas, el nuevo trámite se desarrolla en un expediente independiente que, de acuerdo con la información publicada, no contiene referencias a los cazas F-16 ni a la Fuerza Aérea.
Según datos difundidos por Infobae, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el Estado ejecutó USD 445.026.954 en material militar y de seguridad. La cifra supera los USD 428,7 millones registrados durante la gestión de Alberto Fernández y multiplica por seis los USD 72 millones atribuidos al período de Mauricio Macri.
Del total informado, USD 381,4 millones correspondieron al reequipamiento de las Fuerzas Armadas y USD 63,7 millones al área de Seguridad. Entre las operaciones mencionadas se encuentra la incorporación de 24 aviones F-16 por USD 301,2 millones.
También se consignó la compra de ocho vehículos blindados Stryker 8×8 para el Ejército Argentino por USD 20 millones, además de un presupuesto máximo de USD 140 millones para helicópteros UH-60L Black Hawk y la adquisición de 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones.
En el caso de la Armada Argentina, los contratos mencionados incluyen cuatro aviones de patrulla marítima P-3 Orion por USD 60 millones y seis helicópteros Bell 407GXi por USD 32,4 millones.
La nueva disposición no permite determinar si la compra está relacionada con alguno de esos programas, ya que el expediente citado por el decreto no identifica públicamente el material, el destino específico ni los proveedores involucrados.
La reserva impuesta alcanza la información contractual de la operación, mientras que el decreto difundido en el Boletín Oficial se limita a establecer el marco administrativo para avanzar con la adquisición.
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