El Gobierno amplió el esquema de peajes para financiar obras viales


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El Gobierno nacional incorporó 27 tramos de rutas al régimen de concesiones viales mediante el Decreto 1358/2026. La medida alcanza corredores de varias provincias, incluida La Pampa, y permitirá convocar licitaciones para tareas de operación, mantenimiento y rehabilitación con participación privada.

Infórmate en DiarioPampero.com – Economía tendrá 12 meses para definir los tramos, elaborar los pliegos y realizar los llamados a licitación pública nacional e internacional.

El Gobierno nacional amplió la Red Federal de Concesiones y habilitó nuevas concesiones de rutas nacionales que podrían abarcar un total de 27 tramos actualmente bajo administración estatal. La medida fue establecida mediante el Decreto 1358/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El listado incluye caminos ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Chubut, La Pampa y otras provincias. Entre los corredores alcanzados figuran sectores de las rutas nacionales 22, 35, 151 y 152 en territorio pampeano, además de otros tramos que atraviesan distintas regiones del país.

Según el decreto, el objetivo oficial es trasladar al sector privado el financiamiento de obras y tareas de mantenimiento mediante contratos de peaje, sin comprometer el equilibrio fiscal. El esquema también apunta, de acuerdo con los fundamentos de la medida, a mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y reducir costos logísticos.

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Cómo será el proceso de licitación

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, podrá conformar nuevos corredores con la totalidad o una parte de las rutas incluidas en el anexo del decreto. Antes de avanzar, deberá contar con un informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad.

La cartera económica tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria a los concursos, la evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma de los contratos. El decreto fijó un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia para realizar los llamados a licitación.

Los futuros concesionarios podrán asumir la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores. También estarán habilitados a desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales, además del cobro de peajes.

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Aunque Economía será el organismo encargado de llevar adelante las licitaciones y otorgar las concesiones, la Dirección Nacional de Vialidad actuará como autoridad de aplicación. Entre sus funciones estará la supervisión y el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas adjudicatarias.

La ampliación contempla rutas nacionales que recorren Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y La Rioja. Cada tramo podrá incorporarse total o parcialmente a futuros corredores de peaje.

La medida aclara que los sectores incluidos no podrán formar parte de concesiones que ya estén vigentes. La disposición alcanza también a las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya habían aparecido en etapas previas del programa y volvieron a ser incorporadas en la nueva ampliación.

La decisión se integra a la Red Federal de Concesiones, un programa que busca reemplazar la gestión estatal de distintos corredores por contratos de obra pública por peaje. El esquema se apoya en los cambios introducidos por la Ley Bases, que amplió las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró sujeta a privatización a Corredores Viales S.A.

De acuerdo con los antecedentes citados en el decreto, las etapas I, II, II-B y III del programa ya fueron licitadas y adjudicadas. Esas instancias incluyeron corredores denominados Oriental, Conexión, Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte, Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

Con la nueva resolución, el Gobierno busca ampliar el alcance territorial del modelo y trasladar al sector privado parte de las obras y servicios vinculados con la red vial nacional. La definición de los tramos concretos dependerá de los informes técnicos, los pliegos y las licitaciones que se convoquen dentro del plazo establecido.

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