El proyecto sobre Malvinas será debatido pese a las críticas de organismos de derechos humanos
El Gobierno impulsa una iniciativa vinculada con la soberanía sobre Malvinas que crea un Consejo de Seguridad Nacional, mientras la oposición y organismos de derechos humanos cuestionan sus amplias facultades de investigación, sanción e intervención administrativa.
Infórmate en DiarioPampero.com – El proyecto también endurece penas para empresas que exploten recursos en la plataforma continental sin autorización argentina y genera reparos por sus posibles efectos sobre sanciones vigentes.
El oficialismo avanzará la próxima semana con el debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. La iniciativa incluye la creación del Consejo de Seguridad Nacional y será tratada en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
El canciller Pablo Quirno sería el encargado de defender la propuesta ante los legisladores. El texto también establece penas más severas para empresas que participen o asesoren en la explotación de recursos naturales de la plataforma continental argentina sin autorización del país.
La oposición y organismos de derechos humanos advirtieron que el nuevo órgano podría concentrar facultades de inteligencia, investigación y sanción administrativa. Según el CELS, el proyecto permitiría intervenir frente a supuestas amenazas extranjeras definidas de manera amplia y sin controles suficientes.
Cuestionamientos al nuevo órgano
El Consejo de Seguridad Nacional estaría integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, además del titular de la SIDE. El organismo tendría a su cargo la definición de la política de seguridad nacional y la coordinación de capacidades militares e inteligencia estratégica.
El proyecto contempla investigaciones administrativas y la aplicación de sanciones a personas físicas o jurídicas. Ante un supuesto “riesgo grave e inminente”, el Consejo podría disponer medidas urgentes como el congelamiento de activos, restricciones a transferencias bancarias y al comercio exterior, o la suspensión de autorizaciones sin un proceso previo.
Entre los conceptos incorporados por la iniciativa figura la posibilidad de considerar amenaza extranjera a quien procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. La oposición sostiene que esa definición podría alcanzar expresiones políticas, críticas o disidentes.
El Centro de Estudios Legales y Sociales cuestionó el alcance del proyecto en un informe. Según el organismo, el Consejo funcionaría como una estructura con atribuciones similares a un “supraministerio”, con facultades para definir políticas, investigar, sancionar y decidir sobre el uso del instrumento militar.
El CELS también sostuvo que la propuesta incorpora procedimientos excepcionales dentro de la legislación ordinaria, con medidas parecidas a las de un estado de sitio, pero sin intervención del Congreso ni controles externos suficientes. Para la organización, ese esquema podría utilizarse para controlar la opinión pública o perseguir la disidencia sin que exista una condena judicial.
En el oficialismo, el proyecto es presentado como parte de la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la plataforma continental. La intención de La Libertad Avanza es avanzar con su aprobación antes de que termine el año, mientras busca instalar la cuestión Malvinas como uno de los ejes de su agenda legislativa.
La oposición, en cambio, considera que el debate puede desplazar otros temas parlamentarios, entre ellos el Presupuesto y la emergencia en discapacidad. Bancadas de la izquierda, la Coalición Cívica y el peronismo expresaron reparos sobre el alcance institucional del proyecto y anticiparon una discusión centrada en los límites al Poder Ejecutivo.
También existen objeciones sobre la derogación de la ley 26.659, que sería reemplazada por el nuevo régimen de sanciones. El diputado Maximiliano Ferraro advirtió que, si no se preservan expresamente las sanciones vigentes, la modificación podría afectar la inhabilitación de empresas ya sancionadas.
Ferraro vinculó esa advertencia con el caso de Harbour Energy, antes denominada Premier Oil PLC. La empresa fue sancionada en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas sin autorización argentina y posteriormente fue autorizada a adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
Según el legislador de la Coalición Cívica, la falta de una cláusula específica podría generar una “amnistía de hecho” para compañías alcanzadas por sanciones anteriores. El debate en Diputados deberá definir tanto el alcance del nuevo Consejo como los efectos de la sustitución del régimen vigente.
Te puede interesar…
El reclamo salarial paralizó una obra de Tecpetrol en Neuquén con más de 500 trabajadores Más de 500 trabajadores de...
Los aranceles de ANMAT frenaron trámites de medicamentos para pacientes con discapacidad y generaron críticas La ANMAT comenzó a aplicar...
La autopartista de Pueblo Esther cierra y reemplaza su producción por importaciones desde Brasil Una planta autopartista ubicada en Pueblo...
La producción metalúrgica cayó 6,1% en agosto y acumula 5,6% en 2026 La producción metalúrgica bajó 6,1% interanual en agosto...