Abogado pampeano advierte que proyecto de ley de emergencia es una reforma constitucional «encubierta e ilegal»
El reconocido abogado constitucionalista pampeano, Andrés Gil Domínguez, lanzó duras críticas al proyecto de ley de emergencia económica que el Gobierno nacional pretende aprobar, advirtiendo que la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo que prevé equivaldría a una reforma de la Constitución Nacional de manera «encubierta e ilegal».
En una exposición ante el Senado de la Nación, el jurista pampeano cuestionó la constitucionalidad del proyecto por pretender una «delegación amplia e indeterminada» de atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo, incumpliendo los estrictos requisitos del artículo 76 de la Carta Magna.
Gil Domínguez sostuvo que, al habilitar al Ejecutivo a modificar aspectos clave del orden socioeconómico establecido constitucionalmente sin los resguardos necesarios, esta delegación legislativa propuesta «implica una reforma constitucional encubierta» que viola la división de poderes y el sistema republicano.
«Claramente, consciente o inconscientemente, observamos que el norte es una delegación legislativa para cambiar todo el orden socioeconómico a través de una reforma constitucional indirecta«, enfatizó el abogado oriundo de La Pampa.
En este mismo sentido, fuentes consultadas por este medio señalaron la importancia de considerar las severas consecuencias que podría acarrear la aprobación de este proyecto de ley, citando el artículo 227 del Código Penal que reprime con penas de «traidores a la patria» a los miembros del Congreso que «concedieran al Poder Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías«.
A su vez, Gil Domínguez recomendó que, en caso de aprobarse la polémica ley, se establezca que todos los decretos delegados deban ser aprobados por el Congreso en un plazo de 30 a 60 días para preservar su rol legislativo y los controles republicanos.
Además del destacado abogado pampeano suman más voces de alerta ante un proyecto oficialista que, de avanzar sin cambios, podría representar un grave agravio a las instituciones democráticas del país.
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