El magistrado deberá seguir con la causa por contrabando agravado que compromete a Mauricio Macri, Marcos Peña y Patricia Bullrich, entre otros funcionarios macristas por haber enviado material represivo para apoyar a las fuerzas que consumaron el golpe de Estado contra Evo Morales.

La investigación por el envío de municiones a Bolivia quedó finalmente en manos del juez Alejandro Catania. Así lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que entiende que el magistrado deberá continuar con la causa por contrabando agravado que compromete a Mauricio Macri, Marcos Peña y Patricia Bullrich, entre otros funcionarios de la gestión Cambiemos, por haber enviado material represivo para apoyar a las fuerzas que consumaron el golpe de Estado contra Evo Morales.

La decisión sobre la competencia fue tomada este miércoles por la camarista Carolina Robiglio, quien coincidió con el juez Javier López Biscayart en que la causa debía tramitar ante el magistrado del fuero penal económico que recibió la primera denuncia.

En el fuero penal económico había dos expedientes sobre el envío de municiones a Bolivia: la denuncia que presentó el gobierno de Alberto Fernández — a través de Sabina Frederic, Mercedes Marcó del Pont y Martín Soria– y la presentación que hizo el excamarista Eduardo Freiler. La del Gobierno cayó en el juzgado de López Biscayart y fue la que recibió impulso por parte del fiscal Claudio Navas Rial, mientras que la de Freiler quedó radicada en el juzgado de Catania.

En los primeros días de agosto, López Biscayart declinó la competencia alegando que la primera denuncia que había llegado al fuero era la de Freiler y estaba en manos de Catania. No hubo apelaciones. A la semana, Catania rechazó hacerse cargo del expediente y sostuvo que su colega fue quien estuvo al frente de la instrucción desde el primer momento, recopiló la documentación y le corrió vista al fiscal en dos oportunidades para que impulsara la acción penal.

En las últimas semanas, la causa estuvo tramitando ante López Biscayart, que siguió recopilando información. El martes, pidió datos al Ministerio de Defensa sobre un sumario abierto por las autoridades para investigar el envío de municiones a Bolivia y también sobre la ubicación del Hércules C-130, que el 12 de noviembre de 2019 trasladó a los gendarmes y las armas hasta el aeropuerto de El Alto.

En la causa están imputados Macri, Peña, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie y el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García. Además, están siendo investigados el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero y otros tres integrantes de esa fuerza: el exdirector de Logística Rubén Yavorski, el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado en Bolivia Adolfo Caliba.

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