Cristina Kirchner no pagará $22.300 millones por la causa Vialidad
Infórmate en DiarioPampero.com – La Justicia Civil y Comercial Federal falló a favor de Cristina Kirchner, declarando la caducidad de una demanda iniciada en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. El juez Marcelo Dos Santos archivó el reclamo de $22.300 millones contra la expresidenta y otros imputados en la causa Vialidad, por inactividad procesal de Vialidad Nacional durante seis meses. La decisión no afecta la condena penal, donde sigue vigente el decomiso de US$537 millones.
El archivo de la demanda civil libera a Cristina Kirchner de un millonario resarcimiento, pero la justicia penal avanza con la ejecución de bienes por la condena en la causa Vialidad.
La Justicia Civil y Comercial Federal marcó un nuevo capítulo en la causa Vialidad al declarar la caducidad de una demanda iniciada en 2018 contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados. El juez Marcelo Bruno Dos Santos resolvió que el expediente, impulsado por la Dirección Nacional de Vialidad bajo la gestión de Javier Iguacel durante el gobierno de Mauricio Macri, quedó extinguido por falta de actividad procesal durante más de seis meses. Esta decisión exime a Kirchner y a los demás señalados de pagar $22.300 millones, monto reclamado por el Estado como resarcimiento por supuestos daños en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
La demanda civil, paralela al proceso penal por el que Kirchner cumple una condena de seis años de prisión en arresto domiciliario, buscaba recuperar fondos por el 50% de las obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez que no se completaron. Sin embargo, la defensa de la expresidenta, liderada por el abogado Luis Goldín, argumentó con éxito que Vialidad Nacional no impulsó el expediente en el plazo estipulado por el Código Procesal Civil y Comercial. El juez Dos Santos respaldó esta postura, destacando que la caducidad no solo sanciona la negligencia de las partes, sino que también busca evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en defensa de la seguridad jurídica y la buena administración de justicia.
Un expediente estancado y un fallo con implicancias
El proceso civil tuvo su origen en 2018, cuando el gobierno de Macri acusó a Kirchner y otros implicados en la causa Vialidad de generar un perjuicio económico al Estado mediante la asignación irregular de 51 licitaciones viales en Santa Cruz. El reclamo inicial ascendía a $46.000 millones, pero el Tribunal Oral Federal N°2 lo ajustó a $85.000 millones, considerando inflación y sobreprecios en al menos tres de las obras peritadas. El monto final reclamado en el fuero civil se fijó en $22.300 millones, equivalente a unos US$1.125 millones al tipo de cambio de entonces.
La defensa de Kirchner presentó el pedido de caducidad en dos ocasiones: el 18 de septiembre de 2023 y el 7 de abril de 2025. En ambos casos, se señaló la inactividad de Vialidad Nacional, que no realizó actuaciones procesales relevantes desde el 17 de marzo de 2023, cuando se dictó una providencia considerada el último acto impulsor. El juez Dos Santos, tras analizar el expediente y descontar los períodos de feria judicial, determinó que se había superado el plazo de seis meses establecido por el artículo 317 del Código Procesal, declarando la caducidad y ordenando que las costas del proceso recaigan sobre la parte demandante, es decir, el Estado.
Vialidad Nacional, ahora bajo la órbita del gobierno de Javier Milei, intentó evitar el archivo del expediente al incorporar la condena penal confirmada por la Cámara de Casación en 2024. Sin embargo, el juez consideró que estas presentaciones no interrumpieron los plazos procesales. La resolución, aunque significativa, no es definitiva, ya que el Gobierno anunció su intención de apelar ante la Cámara Civil y Comercial Federal. Cabe destacar que, en junio de 2025, la misma Cámara había rechazado un pedido similar de Kirchner, argumentando que una presentación del absuelto Carlos Kirchner había interrumpido los plazos. La nueva integración de la Sala, tras la jubilación de dos jueces, podría influir en una eventual revisión.
El fallo no altera la situación en el fuero penal, donde la condena de Kirchner por administración fraudulenta fue ratificada por la Corte Suprema en junio de 2025. En este ámbito, sigue vigente el decomiso de US$537 millones (equivalentes a $684.990 millones), que la expresidenta y otros ocho condenados, como Lázaro Báez y José López, deben afrontar de manera solidaria. La defensa de Kirchner continúa cuestionando el cálculo del decomiso y ha apelado ante la Cámara de Casación, argumentando que sus bienes no están vinculados al delito y que toda su evolución patrimonial es legítima. Además, ha solicitado que el proceso de ejecución patrimonial pase al fuero civil y comercial, un planteo que aún está bajo análisis.
La decisión de Dos Santos representa un alivio financiero para Kirchner en el ámbito civil, pero no detiene los procedimientos penales, que incluyen la posible subasta de bienes para recuperar los fondos defraudados. El Gobierno libertario, por su parte, insiste en que, de confirmarse definitivamente la condena penal, podría iniciar un nuevo reclamo civil con montos actualizados. En un contexto de alta polarización política y con elecciones a la vista, este fallo reaviva el debate sobre la justicia y su rol en los casos de corrupción, mientras la oposición celebra un revés al oficialismo y sus intentos de avanzar en reclamos patrimoniales.
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