La defensa de Cristina Kirchner pidió a la ONU revisar la condena y suspender su inhabilitación política
La expresidenta Cristina Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un pedido para revisar su condena en la causa Vialidad. Sus abogados denunciaron presuntas violaciones de derechos fundamentales y solicitaron suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Infórmate en DiarioPampero.com – La defensa busca que el planteo sea analizado en octubre y también prepara un recurso de revisión ante la Justicia argentina.
La expresidenta Cristina Kirchner recurrió a la ONU por su condena en la causa Vialidad. La presentación fue realizada este martes ante el Comité de Derechos Humanos, organismo al que sus abogados pidieron examinar la sentencia y sus efectos.
La defensa, integrada por Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, denunció presuntas vulneraciones de derechos fundamentales y solicitó suspender la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Kirchner cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario. La sentencia quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario y confirmara por unanimidad el fallo del Tribunal Oral Federal 2.
El planteo ante el Comité
La estrategia apunta a que el caso sea tratado durante la próxima sesión del Comité de Derechos Humanos, prevista para octubre. Según confirmó Valim a Reuters, la defensa trabaja para que el organismo analice el reclamo en esa instancia.
El abogado brasileño sostuvo que una eventual intervención del Comité podría generar condiciones para que el Poder Judicial argentino vuelva a examinar la decisión antes de fin de año. También expresó su convicción de que el organismo reconocerá las violaciones denunciadas, aunque señaló que la incógnita está vinculada al momento de esa definición.
El Comité tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes. Su función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.
Sus pronunciamientos no son vinculantes, aunque pueden producir impacto político e institucional y ser invocados como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas.
Entre los fundamentos incorporados en una adenda, la defensa mencionó presuntos actos de intimidación, nuevos elementos sobre el destino de los recursos del fideicomiso vial y la difusión de imágenes privadas de la expresidenta.
Uno de los principales ejes del planteo es un informe contable y auditor elaborado por Specs Consultoría. El documento analiza los fondos del fideicomiso vial SISVIAL, identificado como Fuente 14, y su relación con el Decreto 54/2009.
Según la presentación, la sentencia sostuvo que esa norma permitió utilizar fondos para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. Los abogados afirmaron que durante el proceso solicitaron pruebas sobre el destino efectivo de los recursos, pero que su producción fue rechazada por distintas instancias judiciales.
De acuerdo con el informe citado por la defensa, solo 17 de las 51 obras incluidas en la causa Vialidad fueron financiadas con esa fuente. Además, de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras.
El documento también sostiene que, sobre aproximadamente 2.200 millones de dólares desembolsados, el Grupo Austral recibió 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total. La defensa afirmó que la empresa no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias.
La presentación señala que la documentación utilizada para elaborar el informe surgió en agosto de 2026, cuando un funcionario auditor convocado por la Fiscalía en la causa Cuadernos aportó planillas oficiales sobre pagos realizados con recursos de la Fuente 14.
La defensa también cuestionó declaraciones de jueces que intervinieron en el expediente, avances sobre bienes de Kirchner y publicaciones del presidente Javier Milei. Según los abogados, esas actuaciones afectarían el derecho a presentar comunicaciones individuales ante el Comité.
Otro de los puntos denunciados fue la difusión de un video del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de Recoleta. La presentación sostuvo que las imágenes exhibieron espacios privados, el dormitorio y efectos personales de la expresidenta.
Los abogados consideraron que esa difusión vulneró el derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El escrito también recordó que frente a ese domicilio Kirchner sufrió un intento de asesinato el 1 de septiembre de 2022.
Sobre esa base, la defensa reiteró el pedido de suspender la inhabilitación política perpetua hasta que el Comité emita su dictamen sobre el fondo. Sostuvo que la sanción es desproporcionada y representa una forma de “muerte civil”.
De manera subsidiaria, solicitó que también se suspenda la pena de seis años de prisión mientras se resuelve el reclamo internacional, en caso de que el organismo considere que no corresponde detener únicamente la pena accesoria.
En paralelo, los abogados prevén presentar las nuevas pruebas ante la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión. Beraldi afirmó que la sola interposición del recurso permitiría pedir la suspensión de la sentencia.
El objetivo expresado por la defensa es que la condena sea revisada, que Kirchner recupere la libertad y que pueda retomar su actividad política. La decisión sobre el planteo ante la ONU dependerá del análisis que realice el Comité de Derechos Humanos.
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