Debate acalorado en Diputados sobre la gestión del agua del río Atuel entre Mendoza y La Pampa

Santa Rosa, 8 de mayo – En una sesión reciente de la comisión de Ríos Interprovinciales, presidida por el diputado Juan Barrionuevo, se discutió intensamente la implementación del fallo de la Corte Suprema de 2020 que exige un caudal mínimo de agua de 3,2 m³/s del río Atuel en el límite entre La Pampa y Mendoza. El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, presentó un informe detallado, apoyándose en una serie de diapositivas, para explicar la situación actual y las acciones de Mendoza respecto al río.

Gobbi aseguró que Mendoza no ha estado derivando agua de manera adecuada hacia La Pampa, y criticó las prácticas de gestión de agua de la provincia vecina, sugiriendo que están manipulando sus reservorios de forma tal que argumentan una imposibilidad de cumplir con el fallo debido a un supuesto déficit en la cuenca del Atuel. «Mendoza podría evitar el 25% de pérdida de caudal y aún así satisfacer sus necesidades sin afectar sus reservas», afirmó Gobbi. También señaló un aumento alarmante en la cantidad de reservorios desde la fecha del fallo judicial, lo que podría indicar una estrategia para eludir las disposiciones del fallo.

El intercambio se intensificó con las declaraciones de Hernán Pérez Araujo, diputado del FreJuPa, quien respondió a las críticas de Maximiliano Aliaga, de la comunidad organizada, quien cuestionó la eficacia de las negociaciones de La Pampa. Pérez Araujo defendió la demanda pampeana, argumentando que se basó en estudios serios y que la cantidad de agua fijada por la Corte Suprema fue el resultado de un análisis exhaustivo y no de decisiones arbitrarias.

La sesión, que también contó con la presencia de Gastón Buss, responsable de políticas hídricas, Juan Greco, delegado de Coirco, y Pamela Pratts, directora general de investigación hídrica, subrayó la importancia de una gestión compartida y equitativa del agua interprovincial. La disputa entre Mendoza y La Pampa sobre el río Atuel lleva décadas y este fallo de la Corte es visto como un paso crucial hacia una solución sostenible y justa.

La discusión en la comisión pone de manifiesto la complejidad de la gestión de los recursos hídricos en contextos interprovinciales y la necesidad de cumplimiento de las disposiciones judiciales para garantizar un reparto equitativo y sostenible del agua, vital para el desarrollo agrícola y la vida de las comunidades involucradas. Las provincias continúan trabajando para resolver estas diferencias y buscar soluciones que beneficien a ambos lados del conflicto hídrico.