Declaran Inconstitucional Derogación de Ley de Tierras Propuesta por DNU

Tras un proceso marcado por fallos judiciales y apelaciones, se ha dictaminado la inconstitucionalidad de la reforma propuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, que buscaba derogar la Ley de Tierras.

Desafío Constitucional: Derogación del DNU de Milei

A pesar de que el Senado rechazó el DNU de Milei, este seguía en vigor hasta que la Cámara de Diputados se pronunciara al respecto. No obstante, diversos aspectos de la reforma fueron revocados mediante fallos judiciales, entre ellos el artículo que proponía la eliminación de la Ley de Tierras.

El caso llegó a la justicia a través de un amparo colectivo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), argumentando que la derogación de esta ley facilitaría la extranjerización de las tierras, con posibles consecuencias negativas para la integridad territorial y la soberanía nacional.

Inicialmente, durante la feria judicial, el juez Ernesto Kreplak emitió una medida cautelar suspendiendo el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras. Sin embargo, posteriormente, el juez Alberto Recondo del Juzgado Federal N°4 de La Plata rechazó el amparo, argumentando que el CECIM carecía de legitimidad para presentar demandas colectivas, revocando así la cautelar de Kreplak.

Tras una apelación, el caso llegó a la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, donde los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias declararon la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras. Además, la causa fue inscrita nuevamente en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.

Veredicto Judicial: Protección de la Ley de Tierras

En su fallo, los jueces respaldaron el amparo colectivo del CECIM, argumentando que esta organización representa a quienes defendieron la soberanía nacional. También cuestionaron la falta de circunstancias excepcionales que justificaran el uso del DNU en lugar de seguir los procedimientos legislativos habituales.

Respecto a los argumentos del Gobierno para derogar la Ley de Tierras, los jueces consideraron que eran genéricos y no justificaban la urgencia de la medida, además de carecer de fundamentos concretos sobre cómo beneficiaría a la situación socioeconómica del país.

La Ley de Tierras, oficialmente la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, establece límites a la compra de tierras por extranjeros y a la titularidad de dominio de campos en territorio nacional. Su objetivo principal es evitar la extranjerización de las tierras y proteger la soberanía nacional.

Este fallo destaca la importancia de garantizar el respeto por la legislación vigente y la participación del Congreso en la elaboración de leyes que impactan en cuestiones fundamentales para el país, como es el caso de la tenencia de tierras.