Denuncia judicial contra Milei y Francos por no promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El presidente Javier Milei y el jefe de gabinete Guillermo Francos han sido denunciados ante la justicia por no promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La acusación, presentada por el diputado Esteban Paulón, se centra en el supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El reclamo surge por la inexplicable demora en la publicación en el Boletín Oficial de la norma que busca garantizar derechos y financiamiento para las personas con discapacidad, en un contexto de gran angustia para sus familias. La administración nacional ha justificado la dilación en la necesidad de determinar las fuentes de financiamiento. Esta medida judicial pone bajo el foco de la justicia la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Infórmate en DiarioPampero.com – El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia judicial contra el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y otros funcionarios del Gobierno. La denuncia se basa en el presunto «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público» debido a la prolongada demora en la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. A pesar de haber sido sancionada, la norma aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial, lo que impide su entrada en vigencia. Esta situación ha generado un profundo malestar en las organizaciones y las familias afectadas, que demandan una solución urgente ante la incertidumbre que afecta a las pensiones y prestaciones de las personas con discapacidad.
La presentación judicial, realizada por el diputado Esteban Paulón, se encuadra en la figura de abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. La acción legal también incluye a la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal Murphy, y al director del Registro Oficial, Walter Rubén González. La denuncia se fundamenta en la falta de publicación de la ley en el Boletín Oficial, un paso formal que es indispensable para que la normativa entre en vigor. Según Paulón, la demora es inexplicable y agrava la situación de vulnerabilidad de las familias, que se encuentran en una situación de angustia y desamparo al no ver garantizados los beneficios que la ley sancionada les otorgaría.
El Gobierno ha argumentado que la postergación en la aplicación de la ley se debe a la falta de identificación de los recursos necesarios para financiar su implementación. A principios de la semana, el jefe de gabinete Guillermo Francos había anticipado que la ley sería promulgada, pero que su aplicación se condicionaría a la definición de las partidas presupuestarias. Francos expresó que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de dictar un decreto reglamentario para analizar los distintos aspectos de la normativa, y sugirió que el Congreso, al sancionar la ley, debió establecer las fuentes de los recursos. La administración actual ha manifestado su preocupación por el impacto fiscal que esta ley podría tener en un contexto de ajuste fiscal, un argumento recurrente que el oficialismo utiliza para justificar sus vetos en el Congreso.
El Gobierno justifica la demora en la falta de financiamiento, desatando la polémica
La normativa, que fue ratificada por el Senado tras un veto previo, busca establecer una emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre sus puntos principales, se establece la actualización de las prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023, así como un mecanismo de ajuste mensual de los aranceles para los prestadores. Además, la ley busca establecer que las pensiones no contributivas sean equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, permitiendo que las personas beneficiadas puedan trabajar siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que la ley podría requerir un refuerzo fiscal de hasta $$3.627$ millones, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios que se incorporen, lo que explicaría la cautela del Gobierno en su aplicación.
Para la comunidad, la no promulgación de la ley profundiza la crisis en el sector y la situación de desprotección que enfrentan. La denuncia presentada por el diputado Paulón pone de manifiesto la creciente tensión entre los poderes del Estado y la dificultad del Gobierno para navegar un escenario parlamentario que le resulta adverso. Mientras la Justicia toma el caso, la presión de las organizaciones de discapacidad y de las familias se intensifica, reclamando una pronta solución que garantice el cumplimiento de una ley que consideran un paso indispensable para la inclusión y el bienestar de un sector de la sociedad que se siente vulnerado.
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