La víctima cuestionó el control penitenciario boliviano tras denunciar que Cerimedo usa un celular en prisión
Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo y denunciante en una causa por intento de femicidio, afirmó que el consultor tendría un celular dentro del penal boliviano de Chonchocoro. Según su planteo, el dispositivo permitiría comunicaciones por Telegram y movimientos financieros mientras avanzan investigaciones cuestionadas.
Infórmate en DiarioPampero.com – La denuncia también plantea dudas sobre la custodia del teléfono y el control de una billetera virtual vinculada al detenido.
Nadia Beller denunció que Fernando Cerimedo utilizaría un celular desde la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en Bolivia. La presentación pública sostiene que el imputado habría activado una cuenta de Telegram para mantener comunicaciones y coordinar acciones sin control institucional ni judicial.
La denuncia se produce en el marco de la causa iniciada por el ataque contra Beller, expareja del consultor. De acuerdo con el contenido difundido, la investigación reunió chats y otros elementos que señalaban la presunta contratación de dos sicarios colombianos.
Cerimedo fue detenido cuando intentaba abandonar Bolivia y quedó vinculado a cuatro investigaciones: la tentativa de femicidio, episodios previos de violencia de género, enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico.
La denuncia sobre el dispositivo
Según Beller, la reactivación de la línea telefónica argentina de Cerimedo dentro del penal plantea dos posibilidades. Una de ellas es que las autoridades penitenciarias le hayan facilitado un nuevo aparato con la misma línea. La otra es que la Fiscalía le haya devuelto el teléfono original, que debía permanecer bajo resguardo para los peritajes.
La denunciante cuestionó además la versión oficial sobre una supuesta interceptación preventiva de un celular que intentaban hacerle llegar al detenido. Beller calificó esa explicación como una “cortina de humo” y reclamó que se determine quién proporcionó o restituyó el dispositivo.
El contenido de la denuncia también vincula el presunto uso del teléfono con movimientos en una cold wallet, una billetera virtual de criptomonedas asociada a Cerimedo. Las alertas sobre esas operaciones habían sido planteadas, según el texto difundido, por el senador Leonardo Roca.
Beller sostuvo que la disponibilidad de un dispositivo encriptado permitiría administrar recursos económicos desde la celda. Esa afirmación fue presentada como una denuncia y no como un hecho acreditado judicialmente, mientras se reclaman controles sobre la actividad financiera y las comunicaciones del imputado.
La víctima también manifestó preocupación por su seguridad y por el avance del proceso penal. Según su planteo, Cerimedo podría utilizar ese canal para coordinar estrategias con personas señaladas en la causa como posibles sicarios, quienes difundieron material audiovisual en redes sociales para cuestionar su responsabilidad en el ataque.
El caso se desarrolla en un contexto de cuestionamientos sobre la marcha de las investigaciones en Bolivia. El texto difundido sostiene que las causas quedaron prácticamente paralizadas después de la intervención de la DEA y del gobierno de Rodrigo Paz, tras el desmantelamiento del equipo fiscal encabezado por Roger Mariaca y la detención de investigadores.
La querella también cuestionó la designación de autoridades judiciales consideradas afines al Poder Ejecutivo boliviano y advirtió sobre una posible falta de imparcialidad. En ese marco, reclamó preservar las pruebas, aclarar la cadena de custodia del teléfono y establecer si existieron responsabilidades dentro del sistema penitenciario o fiscal.
La denuncia concluye con un pedido de esclarecimiento inmediato sobre el supuesto acceso a telefonía dentro de Chonchocoro. Beller advirtió que la falta de controles podría afectar tanto la integridad de la víctima como la conservación de evidencias y el normal desarrollo de las causas.
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