Alejandra Monteoliva fue cuestionada por un posteo sobre universitarios
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py por presunta discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La presentación cuestiona un posteo vinculado con reclamos universitarios.
Infórmate en DiarioPampero.com – La denuncia sostiene que la publicación generalizó hechos violentos y estigmatizó a estudiantes, docentes y no docentes de universidades públicas.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunta discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La presentación surgió a partir de un posteo publicado en redes sociales.
Según el contenido de la denuncia, Monteoliva compartió el 15 de octubre de 2026 imágenes de disturbios junto con la frase: “Así los universitarios reclaman sus derechos”. Los denunciantes consideraron que el mensaje vinculó de manera generalizada los reclamos por el financiamiento educativo con episodios de violencia.
La presentación fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de la agrupación Reset Republicano. El expediente recayó, tras el sorteo, en el juzgado federal 2, a cargo de Sebastián Ramos.
El alcance de la denuncia
En el escrito, los abogados sostuvieron que la funcionaria asoció el reclamo por el presupuesto educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario con “la delincuencia y la violencia”. Para los denunciantes, esa formulación excedió la crítica a posibles incidentes puntuales.
El planteo se concentró especialmente en la expresión “Así los universitarios”. Según argumentaron, esa frase habría atribuido una conducta criminal a la totalidad del colectivo estudiantil, docente y no docente de las universidades públicas, sin individualizar a quienes eventualmente hubieran protagonizado desmanes.
Los denunciantes solicitaron que se investigue si la publicación puede encuadrar en el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el artículo 212 del Código Penal, referido a la incitación a la violencia colectiva, y el artículo 248, vinculado con el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Respecto de la posible incitación a la violencia, señalaron que el mensaje fue difundido desde una posición de poder institucional y que, por su alcance, podría generar un riesgo para el colectivo universitario. También invocaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cuidado que deben observar los funcionarios al referirse a grupos sociales en contextos de conflicto.
La denuncia sostiene además que una imputación genérica de hechos violentos, sin identificar a sus responsables, podría afectar la presunción de inocencia y contribuir a la estigmatización de quienes ejercen legítimamente su derecho a reclamar.
El escrito también menciona la Ley 25.188 y el Código de Ética de la Función Pública, normas que establecen pautas de prudencia, legalidad, veracidad e igualdad de trato para quienes ocupan cargos estatales. Para los abogados, el análisis debe considerar que la publicación provino de la máxima autoridad nacional en materia de seguridad interior.
Como medidas de prueba, ofrecieron una captura de pantalla del posteo y solicitaron preservar y certificar la dirección URL mediante una constatación notarial o un peritaje informático. También pidieron que se oficie a X Corp. para informar sobre la titularidad de la cuenta, los registros de acceso y las direcciones IP asociadas con la publicación.
Los tres abogados, quienes se identificaron como graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires, solicitaron que se les reconozca el carácter de víctimas en los términos de la Ley 27.372. Además, pidieron la ratificación de la denuncia y medidas urgentes para evitar la eliminación o alteración de los registros digitales.
La presentación se produjo en el contexto de la reciente Marcha Federal Universitaria. De acuerdo con los denunciantes, el posteo cuestionado no distinguió entre posibles responsables de incidentes y el conjunto de la comunidad universitaria que participó de los reclamos.
La denuncia no implica una resolución sobre la responsabilidad penal de la ministra. El juzgado deberá analizar la presentación, disponer las medidas que considere pertinentes y determinar si corresponde avanzar con una investigación.
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