La investigadora cuestionó la sanción y anticipó una disputa judicial
El INTA concretó el despido de Virginia Aparicio, investigadora del Conicet especializada en los efectos de los agroquímicos, tras un sumario por supuestas irregularidades administrativas. La medida generó críticas de sectores científicos y abrió una disputa sobre la libertad de investigación.
Infórmate en DiarioPampero.com – La científica coordinaba el sitio argentino del proyecto internacional SPRINT, que analizó la presencia de plaguicidas en distintos sistemas productivos y muestras ambientales y biológicas.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió la desvinculación definitiva de Virginia Aparicio, especialista del Conicet en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinadora del sitio argentino del proyecto internacional SPRINT.
Según el material fuente, la sanción se fundamentó en supuestas irregularidades vinculadas con el uso de fondos, la presunta inobservancia de la vía jerárquica, cambios en el protocolo bioético, la centralización de análisis biológicos en laboratorios extranjeros y la participación de un colaborador sin designación formal.
Aparicio rechazó la legitimidad de las imputaciones y sostuvo que la medida busca generar temor entre los investigadores para que se autocensuren en temas sensibles. La resolución agotó la vía administrativa que la científica había anunciado que discutiría antes de recurrir a la Justicia.
La disputa por el proyecto SPRINT
El INTA había celebrado en 2020 el acuerdo que permitió la incorporación al consorcio internacional SPRINT. De acuerdo con el texto difundido, el proyecto recibió catorce millones de euros del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, en un contexto de restricciones presupuestarias para la ciencia argentina.
Con esos recursos, el equipo liderado por Aparicio adquirió insumos para analizar la presencia de más de doscientos plaguicidas en sistemas productivos locales. El objetivo era estudiar la denominada ruta del plaguicida y sus posibles efectos sobre la flora, la fauna, el suelo y la vida humana.
El material fuente señala que la investigación documentó mezclas de agroquímicos en muestras de suelo, cursos de agua, materia fecal, orina y sangre. También indica que los productores convencionales presentaron concentraciones mayores que quienes aplican modelos agroecológicos.
Según esa misma información, los fondos ingresaron a las cuentas del INTA, siguieron los procedimientos administrativos previstos y recibieron auditorías favorables en Argentina y Europa. No obstante, las tensiones aumentaron durante el desarrollo del proyecto.
Entre las medidas mencionadas figuran la prohibición de realizar reuniones explicativas con productores en 2023, la decisión de retirar a la Argentina del proyecto en 2024 y el posterior inicio de un sumario administrativo que derivó en la sanción expulsiva.
Organizaciones, académicos e instituciones impulsaron una carta de rechazo en defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar. Quienes respaldan a la científica consideran que los cuestionamientos burocráticos fueron utilizados como argumento para apartarla por los resultados de sus investigaciones.
La trayectoria de Aparicio fue respaldada en el texto por sus registros en la base bibliográfica Scopus, donde figuran 91 artículos publicados, 270 coautorías y más de 3.100 citas. La investigadora había anticipado que, junto con su abogado, agotaría la vía administrativa para intentar acceder posteriormente a una instancia judicial.
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