Destacan avances de La Pampa en la lucha contra la ludopatía infantil y la regulación penal
El Defensor Adjunto Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Facundo Hernández, elogió el progreso del gobierno pampeano en la identificación y denuncia de sitios de apuestas y juegos ilegales que podrían estar operando en la provincia. “La Provincia avanzó mucho en esto”, señaló Hernández, quien también se alineó con la postura gubernamental y de diversas organizaciones pampeanas al rechazar la reducción de la edad de imputabilidad.
Hernández enfatizó la creciente preocupación por la ludopatía en menores, un fenómeno que ha explotado en los últimos años en todo el país. “Este es un tema que requiere un abordaje específico, que contemple la restricción de publicidad y la eliminación de los sitios de apuestas ilegales”, afirmó. Además, subrayó la importancia de un marco legal que regule los entornos digitales, destacando los avances de La Pampa en esta materia, incluyendo una denuncia penal ya realizada.
El funcionario nacional participó en un encuentro con autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, y el fiscal general Máximo Paulucci. Durante la reunión, se discutió la necesidad de coordinar esfuerzos entre las distintas administraciones para legislar adecuadamente sobre estos temas.
Debate sobre la ley de imputabilidad
En relación con el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad, Hernández expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que Argentina tiene la obligación legal de implementar un régimen penal adecuado para menores. Criticó el actual sistema, heredado de la dictadura militar, por ser “muy malo, tutelarista, donde los chicos tienen menos derechos que los adultos”. También cuestionó la propuesta del gobierno nacional de modificar este régimen, calificándola como un retroceso.
El defensor resaltó que los países que han reducido la edad de imputabilidad registran tasas más altas de homicidios, mientras que Argentina, que mantiene la edad en 16 años, presenta una de las tasas más bajas de la región, con 4,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Concluyó afirmando que bajar la edad no es la solución y abogó por enfoques alternativos que no involucren el sistema penal para tratar a menores que cometen delitos.
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