Destituyen a jueza de La Rioja por mal desempeño y corrupción

La jueza Norma Abate de Mazzucchelli, quien presidía la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, fue destituida de su cargo tras ser condenada por un jury de enjuiciamiento. Se le imputaron cargos de mal desempeño, conducta lesiva para los intereses de la sociedad e indignidad moral, luego de que se descubriera que había solicitado una coima de 8 millones de pesos a una familia para acelerar un trámite de sucesión.

El caso salió a la luz en mayo a través de un informe televisivo de Telenoche, donde se detalló cómo la jueza exigió el pago de 8 millones de pesos a una comerciante para agilizar el expediente de una sucesión sin testamento, desbloqueando así un pago de herencia. Un video grabado en secreto muestra a la magistrada quejándose de los bajos salarios y solicitando “lo que cobraron ellos”, en referencia a los honorarios de los abogados involucrados en el caso.

Según la denunciante, Abate de Mazzucchelli se presentó en su comercio poco después de un primer encuentro para informarle que los oficios podrían estar listos al día siguiente, lo que derivó en una tercera reunión. En este encuentro, la jueza solicitó el pago de una suma de dinero a modo de “reconocimiento” por su trabajo, sugiriendo que incluiría esos honorarios dentro de los de la abogada que llevaba la causa.

A raíz de la difusión del escándalo, la jueza presentó su renuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Sin embargo, esta renuncia no fue aceptada, y se procedió con la investigación del fiscal provincial Luis González Aguirre, quien corroboró la veracidad del relato de la denunciante y procedió a imputar a Abate de Mazzucchelli bajo el artículo 266 del Código Penal, relacionado con la ética en el ejercicio de la función pública.

Finalmente, el jury de enjuiciamiento ordenó la destitución de la jueza, quien también fue suspendida de su cargo como vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Este caso resalta la gravedad de los actos de corrupción en el sistema judicial, subrayando la importancia de la ética y la integridad en la función pública.