El proyecto de Martín Ardohain contra el vandalismo rural obtuvo media sanción y pasará al Senado
La Cámara de Diputados aprobó por 162 votos contra 77 y una abstención el proyecto impulsado por el pampeano Martín Ardohain, que incorpora nuevas figuras penales para sancionar el ingreso no autorizado y los daños que afecten la producción rural. La iniciativa pasará ahora al Senado.
Infórmate en DiarioPampero.com – El texto recibió respaldo del oficialismo, bloques aliados y representantes de entidades agropecuarias, aunque tuvo objeciones de sectores de Unión por la Patria durante el debate en comisiones.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que tipifica el vandalismo rural en el Código Penal, durante una extensa sesión realizada este miércoles. La votación terminó con 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
La iniciativa fue impulsada por el diputado pampeano Martín Ardohain, del PRO, quien preside la Comisión de Agricultura y Ganadería. El texto contó con el respaldo del oficialismo, bloques aliados y representantes de las principales entidades agropecuarias del país.
El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado. Durante el debate, Unión por la Patria había presentado un dictamen alternativo encabezado por Ramiro Gutiérrez, aunque finalmente algunos integrantes de ese espacio acompañaron la propuesta luego de modificaciones anunciadas en el recinto.
Qué establece el proyecto aprobado
La propuesta prevé incorporar el artículo 150 bis al Código Penal. Ese artículo establecería una pena de prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de la persona que tenga derecho a excluirlo.
El texto presume esa voluntad de exclusión cuando existen cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. También contempla excepciones cuando la entrada responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir con claridad el límite con la vía pública.
Durante la sesión, Ardohain sostuvo que la norma no busca proteger directamente la propiedad, ya contemplada en figuras como la usurpación y el daño. Según explicó, el objetivo del artículo es proteger la libertad y la intimidad dentro de los establecimientos rurales.
El máximo de la pena se elevaría a dos años cuando el ingreso obstaculice sustancialmente la actividad productiva rural o genere un peligro concreto para la vida o integridad física de las personas, o para la sanidad de los animales o cultivos, siempre que el hecho no constituya un delito con una pena mayor.
El segundo artículo del proyecto propone incorporar el artículo 184 bis al Código Penal. La figura prevé penas de dos a ocho años de prisión y una multa de tres a doce veces el valor del daño causado cuando se afecte directamente el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural.
Entre los elementos especialmente protegidos se incluyen cereales no cosechados, silobolsas, viñas, ganado y leña. La iniciativa también contempla instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua.
La pena mínima se duplicaría si el autor, o quien hubiera determinado a otra persona a cometer el hecho, fuera funcionario público o se dedicara habitualmente a la actividad agropecuaria.
Además, el máximo de la pena podría elevarse a diez años cuando el hecho sea cometido por tres o más personas coordinadas, provoque la pérdida total de la producción en curso o impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización. La misma agravación se aplicaría si el hecho se ejecutara con violencia o amenazas contra las personas, siempre que no corresponda una pena más severa por otro delito.
Durante el tratamiento legislativo, Ramiro Gutiérrez cuestionó el dictamen de mayoría y afirmó que duplicaba normas existentes y que, en algunos casos, reducía penas. No obstante, tras los cambios comunicados en el recinto, parte de los integrantes de Unión por la Patria terminó respaldando el texto aprobado.
Con la media sanción, el proyecto inicia una nueva etapa parlamentaria en el Senado, donde deberá ser analizado antes de convertirse eventualmente en ley. Hasta entonces, las figuras incorporadas todavía no forman parte del Código Penal.
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